El Gobierno incrementará el IVA y los impuestos especiales en 2013

La medida está encaminada a la reducción del déficit público y con ella se esperan recaudar 8.000 millones de euros adicionales.


El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que el Ejecutivo subirá en 2013 el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y algunos impuestos especiales, como los que gravan el tabaco, la gasolina o el alcohol. De esta forma, el Gobierno prevé recaudar 8.000 millones de euros más y contribuir a la reducción del déficit, que espera situar a finales del próximo año en el 3% del Producto Interior Bruto (PIB). 

De Guindos explicó que esta modificación de la estructura impositiva española se ejecutará en 2013 porque es el momento en el que cobrará fuerza el proceso de recuperación económica. "El problema de la imposición indirecta en entornos depresivos es que acelera la caída, por eso se hace en 2013", manifestó el ministro.
El Ejecutivo, que no concretó los detalles de esta modificación tributaria, adopta con estas reformas algunas de las medidas demandadas por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Sin embargo, el titular de Economía justificó estas medidas desde el punto de vista de la competitividad y aseguró que el incremento de la imposición al consumo irá ligada a una reducción de las cargas y de la imposición sobre el trabajo, lo que se reflejará en una disminución de las cotizaciones sociales. 

Durante la presentación del Programa de Estabilidad 2012-2015 y del Programa Nacional de Reformas 2012, Luis de Guindos explicó que el esfuerzo de consolidación fiscal en 2012 alcanzará los 30.264 millones de euros y permitirá situar el déficit público en el 5,3%. Para 2013, se espera que alcance los 19.064 millones de euros y permita la reducción del déficit hasta el 3%. 

Por otro lado, el Ejecutivo anunció que el Plan de Reformas diseñado permitirá la creación de casi dos millones de puestos de trabajo entre 2012 y 2020, lo que provocaría un crecimiento de la economía española de 8,6 puntos en los próximos ocho ejercicios. Según las previsiones del Gobierno, 1,7 millones de empleos se crearán gracias a la reforma laboral, otros 96.000 puestos de trabajo por efecto de la reforma financiera, 39.000 gracias a la nueva directiva de servicios, otros 71.000 vendrían de mano de la reforma del sistema de pensiones y 18.000 adicionales como consecuencia de la Ley de Estabilidad.

Nuevo contrato de las empleadas de hogar

Normativa Empleo Hogar 2012

Nueva regulación del empleo en el hogar familiar

La nueva normativa del hogar familiar entrará en vigor el 1 de enero de 2012, al mismo tiempo que los cambios aplicados en la Seguridad Social. Las tareas domésticas prestadas al servicio de empresas darán lugar a la inclusión en el Régimen General como trabajadores por cuenta ajena

Nueva relación laboral

Formalización :  el acceso al empleo que podrá formalizarse por contrato directo o a través de los servicios públicos de empleo y de las agencias de colocación, debidamente autorizadas.

Derechos : Las trabajadoras y trabajadores de este colectivo dispondrán de más información acerca de sus derechos laborales (salario y tiempo de trabajo), dado que el contrato se formalizará por escrito. La nueva regulación garantizará mayor estabilidad en el empleo y menos precariedad laboral puesto que se aplicarán las normas generales sobre duración del contrato, al desaparecer la posibilidad actual de un contrato temporal anual sin causa justificativa.

Retribución : Se garantiza, como mínimo, el pago en metálico del salario mínimo interprofesional (SMI), en cómputo anual. La remuneración en especie no podrá superar el 30% de las percepciones salariales (en la actualidad, el 45%). Además, la persona trabajadora tendrá derecho a dos pagas extraordinarias al año, cuya cuantía no será inferior al SMI mensual (hasta ahora, 15 días de salario).

Jornada Laboral: Se amplía la duración del descanso entre jornadas, al aplicarse la normativa general de doce horas (hasta ahora eran diez). Se admitirá un mínimo de diez horas (actualmente, ocho) cuando la actividad se realice en régimen de pernocta en el domicilio, y deberá compensarse la diferencia hasta las doce horas en períodos de hasta cuatro semanas. Asimismo, se regula mejor el tiempo de presencia durante el cual la persona trabajadora está a disposición del empleador pero sin prestar servicio efectivo.

Por último, en atención a la especial relación de confianza que caracteriza esta actividad laboral, se mantiene como causa de extinción del contrato el desistimiento del empleador, aunque será imprescindible comunicación expresa; se vetan los motivos discriminatorios y se amplía, de siete a doce días de salario por año de servicio, la indemnización a que tendrá derecho el empleado en caso de extinción laboral en este supuesto.

Novedades en Seguridad Social

Las modificaciones en el ámbito de Seguridad Social tienen como objetivo declarado mejorar la protección social de los empleados de hogar e igualmente entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2012. Para ello, siguiendo las indicaciones del Pacto de Toledo (1995), la Ley de Reforma de las Pensiones incorpora la integración del Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen General, con particularidades.

Cotización: En lo que afecta a la cotización tiene la ventaja, en relación con la situación actual, de que se contribuirá a la Seguridad Social en función de las horas efectivamente trabajadas. Para ello se establece una escala tarifada de quince tramos de cotización, en función de los salarios percibidos, con cuotas que van desde 19,84 euros/mes por 20 horas de trabajo a la máxima de 164,60 euros/mes para la jornada completa. A partir de 2019 se completará la equiparación de la cotización con la base mínima del Régimen General de la Seguridad Social sobre salarios reales.

Los tipos de cotización aplicables son del 22% por contingencias comunes (correspondiendo el 18,30% al titular del hogar familiar y el 3,7% a la persona trabajadora) y del 1,10% por contingencias profesionales. Esta es una de las diferencias frente al Régimen General, en el que el tipo de cotización por contingencias comunes es del 28,30%, del que corresponde al empleador un 23,60%. Las familias numerosas tendrán bonificaciones sobre la cuota que les corresponda.

Acción Protectora: Este colectivo se equipara al resto de trabajadores asalariados, con dos matices. Se excluye la contingencia por desempleo, aunque por primera vez se apunta en una norma jurídica la posibilidad de que en el futuro las personas al servicio del hogar familiar accedan a un sistema de protección por desempleo. A lo largo de 2012, un grupo de expertos analizará esta cuestión y hará propuestas para tomar la decisión que corresponda en 2013. Por su parte, la contingencia de incapacidad temporal sigue un régimen propio, dado que el abono del subsidio corresponderá al empleador entre los días 4º y 8º, y a la Seguridad Social a partir del 9º.

El contrato de trabajo indefinido de apoyo a los emprendedores

El Artículo 4 del RD-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral regula el Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores.

Según señala dicha norma, con objeto de facilitar el empleo estable a la vez que se potencia la iniciativa empresarial, las empresas que tengan menos de 50 trabajadores podrán concertar el contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores que se regula en el citado artículo.

El contrato se debe celebrar por tiempo indefinido y a jornada completa, y se formalizará por escrito en el modelo oficial correspondiente.

El régimen jurídico del contrato y los derechos y obligaciones que de él se deriven se regirán, con carácter general, por el Estatuto de los Trabajadores, y en los convenios colectivos para los contratos por tiempo indefinido, con la única excepción de la duración del período de prueba a que se refiere el Art. 14 del Estatuto de los Trabajadores, que será de un año en todo caso.

Además, la empresa tendrá derecho a aplicar los siguientes incentivos fiscales:

1.- En el supuesto de que el primer contrato de trabajo concertado por la empresa se realice con un menor de 30 años, la empresa tendrá derecho a una deducción fiscal de tres mil euros.

2.- Adicionalmente, en caso de contratar desempleados beneficiarios de una prestación contributiva por desempleo regulada en el Título III del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la empresa tendrá derecho a una deducción fiscal con un importe equivalente al 50 % de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir en el momento de la contratación, con el límite de doce mensualidades, y de acuerdo con las siguientes reglas:

- El trabajador contratado deberá haber percibido la prestación durante, al menos, tres meses en el momento de la contratación.

- El importe de la deducción a que tiene derecho la empresa quedará fijado en la fecha de inicio de la relación laboral y no se modificará por las circunstancias que se produzcan con posterioridad.

- La empresa requerirá al trabajador un certificado del Servicio Público de Empleo Estatal sobre el importe de la prestación pendiente de percibir en la fecha prevista de inicio de la relación laboral.

- El trabajador contratado podrá voluntariamente compatibilizar cada mes, junto con el salario, el 25 % de la cuantía de la prestación que tuviera reconocida y pendiente de percibir en el momento de su contratación.

En todo caso, cuando el trabajador no compatibilice la prestación con el salario en los términos del párrafo anterior, se mantendrá el derecho del trabajador a las prestaciones por desempleo que le restasen por percibir en el momento de la colocación, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 212 y 213 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Asimismo, y con independencia de los incentivos fiscales anteriormente citados, las contrataciones de desempleados inscritos en la Oficina de empleo darán derecho a las siguientes bonificaciones, siempre que se refieran a alguno de estos colectivos:

- Jóvenes entre 16 y 30 años, ambos inclusive, la empresa tendrá derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social durante tres años, cuya cuantía será de 83,33 euros/mes (1.000 euros/año) en el primer año; de 91,67 euros/mes (1.100 euros/año) en el segundo año, y de 100 euros/mes (1.200 euros/año) en el tercer año.

Cuando estos contratos se concierten con mujeres en sectores en los que este colectivo esté menos representado las cuantías anteriores se incrementarán en 8,33 euros/mes (100 euros/año).

- Mayores de 45 años, que hayan estado inscritos en la Oficina de Empleo al menos doce meses en los dieciocho meses anteriores a la contratación, la empresa tendrá derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social, cuya cuantía será de 108,33 euros/mes (1.300 euros/año) durante tres años.

Cuando estos contratos se concierten con mujeres en sectores en los que este colectivo esté menos representado, las bonificaciones indicadas serán de 125 euros/mes (1.500 euros/año).

Estas bonificaciones serán compatibles con otras ayudas públicas previstas con la misma finalidad, sin que en ningún caso la suma de las bonificaciones aplicables pueda superar el 100 % de la cuota empresarial a la Seguridad Social.

Y en cuanto a las limitaciones, no podrá concertar el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, la empresa que, en los seis meses anteriores a la celebración del contrato, hubiera realizado extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas declaradas improcedentes por sentencia judicial o hubiera procedido a un despido colectivo. En ambos supuestos, la limitación afectará únicamente a las extinciones y despidos producidos con posterioridad a la entrada en vigor del RD-Ley 3/2012, y para la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción o despido y para el mismo centro o centros de trabajo.

Para la aplicación de los incentivos anteriormente referidos, el empresario deberá mantener en el empleo al trabajador contratado al menos tres años desde la fecha de inicio de la relación laboral, procediendo en caso de incumplimiento de esta obligación a su reintegro.

No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento del empleo cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado o reconocido como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador.

A estos efectos, se tendrá en cuenta el número de trabajadores de la empresa en el momento de producirse la contratación.

En lo no establecido en el artículo 4 del RD-Ley 3/2012, de 10 de Febrero, serán de aplicación las previsiones contenidas en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, salvo lo establecido en el artículo 6.2 de dicha norma en materia de exclusiones.

Medidas contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo sumergido

El Anteproyecto de Ley integral de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, aprobado el pasado viernes, pretende ser un instrumento para intensificar la lucha contra la situaciones irregulares en el marco laboral que generan una merma de derechos sociales y laborales de los trabajadores, provoca competencia desleal contra las empresas que sí cumplen con sus obligaciones y, evidentemente, repercuten en la pérdida de ingresos de la Seguridad Social.
Se perseguirán los supuestos de aplicación y obtención indebidas de bonificaciones y reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social. Se investigarán posibles situaciones fraudulentas en la percepción de otras prestaciones de la Seguridad Social y la obtención de prestaciones mediante fraude de ley a través de empresas ficticias creadas para disfrutar de éstas.

Más poder para los órganos de inspección

Estas medidas concederán un mayor poder a los órganos de inspección laboral, que se reforzarán 53 nuevos Inspectores y 60 Subinspectores y que llevarán a cabo nuevas campañas de inspección. Además se ampliará de nueve a dieciocho meses el período de comprobación por parte de la Inspección, previo al procedimiento sancionador, para los casos de fraude complejos.
Se llevará a cabo un especial seguimiento de los casos de empleo irregular descubierto para evitar que se repitan las mismas situaciones y se intensificará la vigilancia y control sobre la percepción indebida de prestación en los casos de despido colectivo.
Además se modificará el Código Penal para ampliar el periodo de prescripción de los delitos contra la Seguridad Social, que pasará de 5 a 10 años.
También se exigirá el pago de las cuotas defraudadas para la evitar la responsabilidad penal y se tipificará como delito el empleo simultáneo de varios trabajadores en situación irregular.

Resto de medidas

Se aumenta de uno a tres años el plazo para exigir la responsabilidad solidaria por incumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social en los supuestos de subcontratación y se elimina el límite de 187.515 euros para las sanciones por impago de la cuotas de la Seguridad Social.
Se amplía el número de empresas obligadas a contribuir a las prestaciones que recibirán los trabajadores de más de cincuenta años cuyo contrato sea extinguido en el marco de un despido colectivo de empresas con beneficios y se rebaja de 501 a 101 el número de trabajadores mínimo de las empresas sometidas a esta obligación.
Con esto se pretende limitar los incentivos al despido de trabajadores de más edad y contribuir a la prolongación de la vida activa de los trabajadores, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.
Se establece la supresión de las jubilaciones obligatorias pactadas en convenio colectivo, para evitar que se imponga la jubilación a estos trabajadores si desean continuar en su puesto de trabajo.

Con el Plan de Lucha contra el Fraude aumenta el control de las actividades en módulos

Ha sido aprobado por el Consejo de Ministros el nuevo Plan de Lucha contra el Fraude con el que se quiere plantar batalla a la evasión fiscal y la economía sumergida. Este plan incluye varias medidas como la prohibición de los pagos en efectivo en operaciones de importe superior a 2.500 euros, e incorpora una exclusión del régimen de módulos, la obligación de comunicar cuentas, valores o propiedades en el extranjero, etc.
En un país en el que las estimaciones cifran que el impacto de las operaciones opacas suponen unos 85.000 millones de euros, el control del fraude y la economía sumergida es esencial.

Limitación de los pagos en efectivo

Esta medida implica que se establece un límite para los pagos en efectivo de las operaciones en las que intervengan empresarios o profesionales. Este límite se establece en 2.500 euros y no se incluyen las operaciones con entidades financieras. Este límite se aplicará a los pagos que se efectúen a partir de la entrada en vigor de la medida, aunque la operación fuese acordada antes.
La sanción que se aplicará por el incumplimiento de esta normativa será del 25% del importe de la operación y la norma obliga a guardar los justificantes de pago de estas operaciones durante cinco años. A lo largo de este periodo los intervinientes podrán ser requeridos para demostrar que el pago se ha hecho mediante un medio admitido por la legislación.
La responsabilidad por el incumplimiento de esta norma será solidaria para el pagador y el cobrador, así que la Administración podrá dirigirse contra cualquiera de ellos. Si bien se abre un procedimiento de exención de esta responsabilidad para aquellos intervinientes que denuncien estos incumplimientos en el plazo de tres meses desde la fecha de pago.

Circunstancias que supondrán la exclusión del sistema de módulos

Otra de las medidas que se incluyen en este plan es la exclusión del sistema de módulos para aquellos empresarios que, estando acogidos al método de tributación por estimación objetiva, facturen menos del 50% de sus ingresos a particulares, siempre que sus rendimientos íntegros superen los 50.000 euros anuales.
Esto afectará principalmente a carpinteros, fontaneros, electricistas, albañiles o transportistas.
Se pretende impedir que los empresarios sujetos a este régimen de tributación puedan emitir facturas falsas por servicios o productos no entregados a otras empresas y que éstas puedan beneficiarse de la deducción de un gasto no realizado.
El sistema de módulos funciona mediante estimaciones, por lo que el negocio acogido a este método no tributa por sus beneficios o pérdidas reales sino por el rendimiento que se estima que puede tener en función de sus medios de producción.
Por tanto el empresario acogido a módulos va a pagar lo mismo ganando mil euros que por miles, siempre que no rebase el límite legal establecido para estar incluido en este régimen y que varía en función de su actividad. Eso da pie a que estos empresarios puedan emitir facturas falsas para beneficio de terceros sin que eso suponga un aumento de los impuestos a pagar.
Esta medida intentará impedir estas actuaciones, teniendo en cuenta que los que se benefician de estas prácticas son otras empresa y que si los negocios en módulos que facturen mayoritariamente a empresas van a quedar excluidos de este régimen al sobrepasar esos 50.000 euros anuales.
La nueva norma desde luego puede tener un efecto positivo en el control de esa facturación no real y de sus consecuencias en cuanto a la recaudación del Estado.

Obligación de informar sobre activos en el extranjero

Se establece la obligación de información sobre la titularidad, apoderamiento o el hecho de ser beneficiarios de activos en el extranjero. Esto afecta a las cuentas bancarias, participaciones o acciones de empresas, seguros de vida o cualquier otro bien o activo que los contribuyentes españoles tengan en cualquier otro país.
Se fija una sanción de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos omitidos, con un mínimo de 10.000 euros y éstas no prescribirán.
La economía globalizada puede favorecer el hecho de que muchos rendimientos económicos obtenidos en otros países pasen inadvertidos para la Hacienda española, por eso se adopta esta medida.

Otras medidas

Se impondrán sanciones para aquellos contribuyentes que estando obligados a realizar presentaciones de liquidaciones o declaraciones informativas por vía telemática, incumplan esta obligación.
Se fija una tasa judicial, de entre 150 y 10.000 euros, por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el ámbito civil, social o contencioso-administrativo. Se bonificará con el 10% de la tasa a los que realicen el pago por vía telemática.

Dime cuál es tu negocio y te diré qué ventajas fiscales tiene

Las empresas que incentivan la innovación,la contratación de menores de 30 años o de discapacitados, o aquellas que fomentan la protección del medio ambiente disponen de deducciones fiscales.

Las deducciones no son un tipo de subvención, sino una excepción en el marco fiscal para incentivar determinadas actividades mediante la desgravación adicional de unos gastos ya previstos. Las últimas reformas que han afectado al Impuesto sobre Sociedades han eliminado buena parte de los incentivos que existían, manteniéndose, sin embargo, las deducciones a la I+D+i, a las inversiones para la protección al medio ambiente, a la creación de empleo para discapacitados y otros colectivos, y por reinversión de beneficios extraordinarios.
Aunque una empresa no se crea con el objetivo de beneficiarse de estas ventajas fiscales, sí es cierto que las deducciones potencian que las organizaciones destinen fondos específicos a determinadas actividades. “Hoy las actividades ‘premiadas’ con las deducciones más importantes son las de I+D, con una rebaja fiscal de hasta el 42% de la inversión; las de innovación tecnológica, con una deducción del 12%; y las inversiones de carácter medioambiental, con una del 8%”, explican Pedro Blázquez, Agnés Granés y Anna Martínez, abogados de Cuatrecasas.


Teniendo en cuenta estas cifras, Cristóbal Martí, socio responsable de Deloitte Abogados y Asesores Tributarios de Levante, indica que “una adecuada planificación fiscal puede conseguir que la innovación de una empresa se financie casi íntegramente a través de la aplicación de los beneficios fiscales establecidos en la ley”.
Además de estas partidas, José María Cobos, asociado al departamento fiscal de Garrigues, explica que “las empresas que fomenten la integración social y laboral de los discapacitados, es decir, que contraten a este tipo de trabajadores pueden beneficiarse de una deducción que asciende a 6.000 euros por cada empleado con discapacidad contratado”. Asimismo, como medida para promover la creación de empleo, la reforma laboral ha introducido una deducción de 3.000 euros para el primer contrato de trabajo concertado por la empresa con un menor de 30 años y, en caso de contratar desempleados beneficiarios de prestación por desempleo, la empresa tendrá derecho a una rebaja fiscal con un importe equivalente al 50% del subsidio de paro que el trabajador tuviera pendiente de percibir, con el límite de doce meses y de acuerdo con una serie de requisitos que contempla la ley. Para potenciar la capitalización de las compañías también existen incentivos a la reinversión.
El Impuesto sobre Sociedades “es un tributo estatal”, recuerda Juan Carlos Roig, gerente del área de Impuesto sobre Sociedades de KPMG Abogados, “por ello, no existen desgravaciones en la cuota de carácter autonómico, como por ejemplo sí ocurre con el IRPF”, añade.

Incentivos para emprender

El Gobierno está preparando una nueva norma con el fin de impulsar la actividad emprendedora. Esta ley baraja la aplicación de distintos incentivos fiscales para aquellos que se lancen a crear un nuevo negocio, como el de mantener tipos reducidos de Impuesto de Sociedades para las empresas pequeñas. También se contempla la eliminación de requisitos como el de generación de empleo para que las pymes pudieran aplicar el tipo reducido del 20%. Además, se busca fomentar la I+D+i incrementando las deducciones de dicho impuesto para las actividades de innovación.
El Gobierno intentará, asimismo, eliminar las diferencias entre los emprendedores que tributen en el IRPF y los que lo hagan en Sociedades, y prepara una reducción de módulos en el IRPF e IVA para pequeñas y medianas empresas, y autónomos.
No sólo eso. Además, para luchar contra la morosidad se permitirá a las pymes y autónomos el retraso en el pago del IVA hasta que no cobren las facturas que se les deben. Esta medida comenzaría con las Administraciones Públicas.
La contratación tendrá premio. Los pequeños empresarios se podrán deducir hasta 3.000 euros que creen empleo al contratar el primer trabajador que no tenga condición de socio. Además, Hacienda aspira a mejorar el tratamiento fiscal de los beneficios empresariales para que puedan ser reinvertidos en la propia empresa.

Limitaciones en el régimen de módulos: reformas, fontaneros, carpinteros y transportistas bajo sospecha

Algunos de los 800.000 empresarios que aproximadamente tributan por módulos en España pueden verse obligados a abandonar esta modalidad de tributación según el anteproyecto de ley del plan de lucha contra el fraude fiscal aprobado por el Gobierno que recoge limitaciones en este régimen.

En concreto, se fija la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares. Dicha exclusión solo operará para empresarios cuyo volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros anuales. Las actividades susceptibles de exclusión son las afectadas por la retención del 1%. Entre ellas se encuentran la albañilería, la fontanería, la pintura, la carpintería y el transporte de mercancías por carretera, entre otras.

Desde hace tiempo que Hacienda tiene en el punto de mira la tributación por módulos ya que supone que los empresarios pagan una cantidad fija en función de características de su negocio: el personal contratado, la potencia de luz, los metros cuadrados, la actividad a la que se dedica, etc.; independientemente de los ingresos y gastos “reales”, lo que en ocasiones se convierte en un agujero de fraude.