Todo Santander será Zona de Gran Afluencia Turística, para la libertad de horario comercial

Esta declaración no obliga a abrir, sino que da libertad para que comercios y establecimientos lo hagan si así lo desean.

 

 El Ayuntamiento de Santander ha decidido que la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística se aplique en todo el término municipal desde 15 de julio al 15 de septiembre, ya que son las fechas en las que la ciudad no sólo recibe miles de turísticas, sino que sus calles se llenan de actividades culturales y de ocio.

 

   No obstante, esta declaración no obliga a los comercios y establecimientos a abrir, sino que trata de dar libertad a quienes lo deseen para poder hacerlo, ha indicado este jueves el alcalde, Iñigo de la Serna, en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer esta decisión del Ayuntamiento.
   De la Serna ha destacado que el Ayuntamiento ha tomado esta decisión, que trasladará este viernes, 1 de agosto, al Gobierno de Cantabria --administración que tiene que hacer oficial dicha declaración--, después de escuchar las diferentes posturas y propuestas de las organizaciones empresariales y comerciales de la ciudad.

   De la Serna ha considerado que esta posición es "intermedia" entre las propuestas por unas y otras organizaciones, ya que unas pedían que la liberalización de horarios fuese en todo el municipio durante todo el año, mientras que otras reclamaban que se aplicase sólo en una zona determinada y durante los meses de verano.

   "La decisión final que adopta el Ayuntamiento de Santander es una posición que, dentro del rango de posturas que se han recibido, está inclinando la balanza claramente a favor del comercio minorista", ha considerado el alcalde.
  
De hecho, ha opinado que esta decisión "tiene un peso mayor a favor del comercio minorista" que el que derivado de las encuestas realizadas en las últimas semanas a más de 4.000 ciudadanos de Santander, mayores de 16 años, y que han arrojado una "posición favorable" a liberalización de horarios.

EL 69% DE LOS CIUDADANOS, A FAVOR DE LA LIBERALIZACIÓN

   En base a estas encuestas, el Grupo de I+D en Economía Pública de la Universidad de Cantabria (UC) ha realizado un estudio en el que destaca que el 69% de los santanderinos creen que la liberalización de horarios comerciales en Santander beneficiaría al sector servicios y el 62% piensa que esta medida ayudaría a revitalizar la ciudad.
   Además, un 48% asegura que incrementaría sus compras si hubiese libertad de horarios comerciales y el 62% destaca que le facilitaría las compras si los establecimientos abrirían en festivos y domingos.
   Un 57 por ciento de los ciudadanos de Santander considera que la liberalización de horarios es una "buena o muy buena medida" frente al 22% que califica esta medida de "mala o muy mal", ha detallado el alcalde.
   Asimismo, un 32 por ciento de los vecinos dice que el principal motivo para comprar en festivos y domingos es el no tener tiempo para ello en los días laborales y un 31% afirma que sólo compraría esos días por "necesidad".

   Además de tener en cuenta este estudio, el Ayuntamiento ha sopesado las diferentes posturas de los colectivos que pueden verse "afectados o influidos" por esta medida. "Hemos escuchado todas las posturas, las de aquellos a los que hemos solicitado opinión pero también a aquellos que, no habiéndosela solicitado, nos la han querido trasladar", ha dicho.
   En este sentido, De la Serna ha resaltado el "proceso enormemente participativo" que se ha llevado a cabo con los agentes económicos y sociales de la ciudad para determinar qué área y durante qué tiempo se va a aplicar la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística.

   En este punto, el alcalde ha indicado que el Ayuntamiento va a "hacer suyas" algunas de las propuestas planteadas por las organizaciones como es la elaboración de estudio que determine el impacto de esta medida o la realización de diferentes campañas para dinamizar el sector comercial.

"OBLIGADO CUMPLIMIENTO"

   De la Serna ha aseverado que el Ayuntamiento tenía que tomar una decisión sobre esta declaración por que el Decreto por el que el Estado ampliaba las Zonas de Gran Afluencia Turística, y en el que incluía a Santander, es de "obligado cumplimiento".

   Asimismo, ha indicado que esa decisión tenía que darse antes del 1 de enero de 2015, ya que el Decreto daba un plazo de seis meses para ello y, de no hacerlo, la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística se aplicaría "por defecto" a todo el municipio y durante todo el año.
   Para concluir, el alcalde ha recordado que, con esta declaración, Santander se sumará a los 22 municipios de Cantabria y a "las muchas ciudades" españolas que ya tienen la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística.

   antes del 1 de enero de 2015 ya que, de no hacerlo, el Decreto de "obligado cumplimiento" por el que el Estado ampliaba las Zonas de Gran Afluencia Turística, y en el que incluía a Santander, marcaba por defecto su aplicación en todo el municipio y durante todo el año.

El Gobierno refuerza el poder de las mutuas para decidir las altas médicas de los trabajadores

• Agiliza los trámites para dar de alta a los empleados

• La entrega de partes dependerá de la gravedad de la enfermedad

• Los trabajadores que no acudan al reconocimiento tendrán cuatro días para justificarlo 

   

   

  El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) deberá decidir el alta de un trabajador que esté de baja por incapacidad temporal en caso de discrepancias entre el médico del sistema sanitario y la mutua.
  
  El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de gestión de la incapacidad temporal en el primer año de duración y el proyecto de ley de mutuas, por el que se concede a estas entidades una mayor capacidad de intervención en las bajas médicas por enfermedad común.
  El objetivo, según el Gobierno, es reducir el absentismo laboral injustificado, lo que supondrá según sus cálculos un ahorro de 300 millones. No obstante, perderán poder de decisión los médicos.
  
  En concreto, en los casos en los que el facultativo y las mutuas no estén de acuerdo sobre la conveniencia de dar el alta a un trabajador en baja, será el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) el que tome una decisión. Lo mismo ocurrirá en el caso de que la mutua haga una propuesta de alta de un trabajador y el médico no responda a esta petición.
  El Ejecutivo ha suavizado en cualquier caso su propuesta inicial. La reforma presentada en diciembre establecía que en el caso de que se produzca este silencio administrativo por parte del facultativo, automáticamente se daría el alta al trabajador.
  
  Desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social justifican este cambio en que el diseño anterior "podría estar en el límite de constitucionalidad", así como en las quejas recibidas desde el Consejo Económico y Social (CES). También apuntan que este cambio permitió lograr el acuerdo con los agentes sociales, y añaden que el INSS "compartía esta decisión".
  El proyecto de ley establece un plazo de cinco días para que el médico del sistema de salud responda a la propuesta de alta de la mutua. En el caso de que en este tiempo no haya respuesta o la rechace, el INSS tomará una decisión en un plazo de cuatro días.
  
  No obstante, durante un periodo transitorio de unos seis meses estos plazos serán de 11 días para que el facultativo responda y de 8 días para que el INSS tome una decisión.
  

  No presentarse al chequeo

  La norma también establece un plazo de cuatro días para que un trabajador en baja que no haya acudido a un reconocimiento justifique la ausencia para evitar el alta automático.
  En concreto, si un trabajador en baja no acude a un reconocimiento solicitado por el facultativo del servicio de salud, la mutua o el INSS, desde el primer día se le suspenderá cautelarmente la prestación y si en cuatro días no justifica la ausencia, se le extinguirá definitivamente. No obstante, en el caso de que justifique esta ausencia, recuperará la prestación desde el primer día de la suspensión.
  

  Los partes se presentarán según la enfermedad

  El real decreto establece también medidas para reducir las cargas burocráticas, modificando la periodicidad de los partes de confirmación de la bajas, eliminando la obligatoriedad de presentarlos cada siete días.
  
  Así, a partir de ahora los procesos se clasifican, en base a tres parámetros (patología, edad y ocupación), en cortísimos (hasta cinco días de baja estimada), cortos (entre 5 y 30), medios (entre 31 y 60) y largos (más de 61 días).
  
  En el caso de los procesos de cortísima duración, el facultativo podrá dar el parte de alta junto al de baja, aunque podría ampliarse si el día previsto del alta el trabajador no está en condiciones de reincorporarse. Por su parte, en los procesos de corta duración se debe presentar un parte de confirmación cada 14 días, en los medios cada 28 días y en los largos cada 35 días.
  Además, se establece que en estos partes de confirmación debe constar la duración probable de la baja y la fehca del próximo reconocimiento médico.
  
  Por último, el real decreto incluye la transmisión diaria por vía telemática de las bajas y altas desde los servicios de salud de las comunidades autónomas al INSS, y de este organismo a las mutuas, de manera que se crea la primera base de datos conjunta de estos procesos de incapacidad temporal.
  

IRPF y Sociedades, por encima de la media europea tras la reforma fiscal

                                                                                                                                                                                
                                                                                                                         
                                                                                                                                                                    La reforma fiscal que aprobará el Gobierno  rebajará sensiblemente los tipos en el IRPF y el impuesto sobre sociedades. Sin embargo, ambos tributos se mantendrán por encima de la media de la Unión Europea. Solo en el IVA, el tipo impositivo se encuentra por debajo del promedio.

España hoy es el quinto país de la UE de los Veintiocho con un tipo marginal en el IRPF más elevado (52%) y ocupa el puesto séptimo en el impuesto sobre sociedades. Tras la reforma tributaria que aprobará este viernes el Gobierno y que entrará en vigor a partir de 2015 en dos fases, España dejará de estar en el top ten de los países europeos con tipos impositivos directos más elevados.

 En el impuesto sobre la renta, el gravamen marginal máximo bajará al 47% el próximo año y al 45% el siguiente. España pasará de ocupar el quinto puesto al decimosexto en 2016, teniendo en cuenta que el resto de países mantienen sus tipos actuales. A pesar de que supone una reducción drástica, no es lo suficientemente intensa para que el tipo del IRPFse ubique por debajo del gravamen medio de los Veintiocho, que alcanza el 39,4% o el 43,8% en la eurozona.

Los expertos liderados por Manuel Lagares que elaboraron el informe para la reforma fiscal sugirieron que el gravamen máximo bajara como mínimo hasta el 43%. Aun así, el IRPF español será inferior al vigente en Suecia, Portugal, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Finlandia, Francia, Austria, Eslovenia, Irlanda, Italia, Alemania, Croacia y Grecia (ver gráfico). No siempre tener un tipo superior en el IRPF significa que los contribuyentes paguen más. Hay que tener en cuenta como se aplican los tramos. Por ejemplo, España y Holanda mantienen hoy el mismo gravamen máximo del 52%. Sin embargo, el porcentaje se aplica en el sistema español a partir de 300.000 euros y, en los Países Bajos, ya entra en vigor cuando el contribuyente presenta una base imponible por encima de los 56.351 euros.

Con la reforma fiscal del Gobierno, el tipo superior bajará siete puntos, aunque se aplicará a partir de 60.000 euros. Es decir, afectará a un mayor número de contribuyentes. En cualquier caso, a la mayoría de trabajadores le resulta indiferente los cambios normativos en esos tramos porque sus salarios se encuentran muy por debajo. En este sentido, la reducción tributaria aprobada por el Gobierno resulta especialmente beneficiosa para las rentas más bajas porque el tipo mínimo baja del 24,75% vigente al 19% en 2016. Que esos porcentajes se apliquen dependerá de que las comunidades, que tienen competencia sobre el 50% del impuesto, repliquen en su tramo autonómico la rebaja tributaria aprobada por Hacienda.

Por recaudación, España es el doceavo país que más ingresa por el impuesto sobre la renta, según los datos recopilados por la Unión Europea y que corresponden a 2012. El IRPF aporta recursos equivalentes al 7,7% del PIB, un porcentaje que se encuentra por debajo de la media de la UE (9,4%).

Chipre, con un tipo del 12,5% en Sociedades, recauda el triple que España en términos relativos

En el impuesto sobre sociedades es donde se ilustra con mayor claridad la ineficiencia del sistema fiscal. España mantiene un tipo nominal del 30% y, sin embargo, solo logra recaudar el equivalente al 2,2% de su PIB. Por ingresos, ocupa el puesto decimoctavo. De media, la recaudación en la UE alcanza el 2,5%. Chipre, cuyo gravamen se sitúa en el 12,5%, recauda con ese tributo más de un 6% de su PIB.

Productos bonificados en el IVA

Los expertos fiscales recomendaron que el tipo en Sociedades se situara en torno al 20%. El Gobierno ha sido más cauto y aplicará una rebaja en dos años de cinco puntos. Así, el impuesto sobre sociedades caerá a partir de 2015 al 28% y al 25%en 2016. El Ejecutivo confía en que, pese a la reducción de los tipos impositivos, la retirada de incentivos fiscales y la mejora económica derive en un incremento de los ingresos.
La reforma tributaria que presentará el Gobierno no modifica el tipo impositivo del IVA, que se encuentra en el 21%. Es el único de los tres grandes impuestos que se ubica por debajo de la medida de la Unión Europea, cuyo gravamen medio se sitúa en el 21,5%. España ocupa el puesto decimoctavo en el ranking europeo. Y eso, a pesar de que el impuesto ha subido cinco puntos desde 2010. Por recaudación y con los datos de 2012, España destaca como el país europeo que menos ingresos logra con el IVA.

El motivo, entiende la Comisión Europea, es el peso excesivo que tienen los tipos reducidos y superreducidos que se aplican a determinados productos. Por este motivo, Bruselas insiste en todos sus informes sobre la economía española en la necesidad de establecer el tipo general a bienes y servicios que hoy están bonificados. Esa misma recomendación aparece también en el informe que los expertos liderados por Lagares remitieron al Gobierno.
Hacienda asegura que no se plantea adoptar tal medida y confía en que la reforma fiscal que aprobará cumplirá los dos objetivos principales: revitalizar la economía y generar los ingresos suficientes para garantizar en el futuro la sostenibilidad de los servicios públicos.

Hacienda castigará la ingeniería fiscal

Hasta ahora, si estas prácticas de elusión fiscal eran detectadas, algo complejo, los infractores solo tenían que devolver lo defraudado, pero no son sancionados

 

Uno de los mayores problemas del sistema tributario español es el enorme peso de la economía sumergida, en torno al 23 % del PIB. Diez puntos más que la media comunitaria. Parte de esa diferencia se explica por la capacidad de las multinacionales para minorar el pago de impuestos al beneficiarse de deducciones y bonificaciones en las liquidaciones gracias a mecanismos de ingeniería fiscal. Para tratar de frenar estas prácticas que la Agencia Tributaria considera de planificación agresiva, la reforma presentada por el Gobierno introduce por primera vez la posibilidad de sancionar estas operaciones. Una medida aplaudida por los expertos que, sin embargo, echan en falta más iniciativas en este sentido. «Estas grandes empresas interpretan las distintas legislaciones fiscales para buscar resquicios que les beneficien», explica el presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda (IHE), Ransés Pérez Boga.

Ahora, si estas prácticas de elusión fiscal son detectadas, algo complejo, los infractores solo tienen que devolver lo defraudado, pero no son sancionados. De esta forma, según IHE, las empresas se arriesgan y fuerzan la ley, ya que en el peor de los casos su acción no tendría sobrecoste económico.

Sin embargo, la nueva redacción sí incluye la posibilidad de imponer multas al recoger que «procederá la imposición de sanciones tributarias conforme a lo dispuesto en el título IV de esta ley». Es decir, a una sanción que puede oscilar entre el 50 % y 150 % de la cantidad eludida. «Esto va a ser un aviso a navegantes», asegura Ransés, aunque reconoce que la redacción del artículo no es todo lo contundente que debería ya que no especifica qué casos pueden considerarse como ingeniería fiscal.

Delito fiscal 

Otro de los cambios introducidos en la normativa tiene que ver con la gestión recaudatoria en casos de delito fiscal. Hasta ahora, era necesario esperar a la sentencia judicial para que la empresa pagara la deuda con Hacienda. Sin embargo, los enormes tiempos judiciales hacían que, en muchas ocasiones, cuando se producía la resoluciónm la empresa no tenía bienes con los que afrontar el pago. La reforma permite que se cobre el importe de la deuda en depósito a la espera de la sentencia.

También desaparece la figura de la mediación en los procedimientos tributarios.

El autónomo debe comunicar a su pagador la rebaja del tipo de retención

Los profesionales que el año anterior obtuvieron rendimientos salariales inferiores a 15.000 euros pueden desde el pasado 5 de julio fijar una retención en el IRPFdel 15% en sus facturas frente al 21% vigente. La normativa aprobada en Consejo de Ministros y que ayer convalidó el Congreso con los votos a favor del PP establece que para aplicar el tipo del 15%, los “contribuyentes deberán comunicar al pagador de los rendimientos la concurrencia de dicha circunstancia, quedando obligado el pagador a conservar la comunicación debidamente firmada”. Para ello, basta enviar una carta a la empresa que contrate los servicios del autónomo explicando que se cumplen los requisitos para acogerse a la retención del 15%.

El mismo proceso se sigue en el caso de los trabajadores por cuenta propia que inician una actividad profesional y que con la ley actual tienen derecho a aplicar un tipo de retención del 9% durante tres años. Los beneficiarios deben comunicar a sus clientes esta salvedad para que la empresa que les retiene un porcentaje en el IRPFaplique el tipo reducido.


Hay que tener en cuenta que una rebaja de la retención no implica una reducción tributaria en sentido estricto, sino que supone adelantar a Hacienda menos dinero por el impuesto sobre la renta, cuya liquidación se produce el año siguiente del ejercicio de referencia. Es decir, si un autónomo sufre una retención muy elevada, el resultado de su declaración será a devolver. “El impacto recaudatorio será nulo, persistiendo únicamente un efectos financiero”, defiende Hacienda en la memoria del decreto ley. En cualquier caso, el colectivo de trabajadores por cuenta propia entendía que en un momento de falta de liquidez suponía un castigo muy duro fijar un tipo de retención del 21% para los profesionales. Para aquellos que ingresan más de 15.000 euros, la retención se mantendrá este año en el 21% y bajará al 20% en 2015 y al 19% en 2016.

Un decreto “ómnibus”

En el mismo real decreto, el Gobierno también aprobó activar el impuesto sobre depósitos bancarios, un tributo que actualmente existía con un gravamen del 0% para evitar que las comunidades autónomas lo aplicarán en sus territorios. El Ejecutivo ha fijado un tipo del 0,003% y confía en recaudar unos 375 millones de euros.

El decreto convalidado ayer y aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros se ha convertido en una norma que aglutina diversas medidas que el Ejecutivo considera de urgente implementación. Así, la norma incluye desde las bonificaciones a la contratación asociadas a la Garantía Juvenil, cambios en la gestión de los puertos, medidas para la privatización de AENA, la liberalización del sector del butano, la gestión del Registro Civil, el uso de drones, los cambios en las condiciones de los créditos de pago a proveedores de los ayuntamientos o la reducción de las comisiones por pago con tarjeta de crédito.

Las empresas recibirán 1.800 euros por cada joven parado al que contraten fijo

La principal herramienta para combatir el desempleo juvenil serán las ayudas a los empresarios para que contraten a jóvenes que ni trabajan ni estudian. El Gobierno ha dado luz verde a la llamada Garantía Juvenil de Empleo. La medida estrella del plan consiste en una bonificación mensual durante medio año de 300 euros por cada joven contratado indefinidamente que suponga un incremento de la plantilla de la empresa. Es decir, un abaratamiento en la contratación de 1.800 euros. No es la única ayuda, también se amplían las que hay para los contratos de formación y de prácticas. Y se añade la de los becarios que realizan algún tipo de práctica remunerada en empresas y universidades.

En España, el programa contará con 1.800 millones (900 procedentes del Fondo Social Europeo y 900 de nueva aportación) que llegarán entre 2014 y 2015. Podrán acogerse a él todos los jóvenes menores de 25 que no estudien ni trabajen. Esto reduce el número de potenciales beneficiarios a casi 550.000, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre.
A partir del lunes, los integrantes de este colectivo que lleven 30 días parados podrán inscribirse en un registro telemático que pondrá en marcha Empleo, y que, como explicó la ministra Fátima Báñez, lleva tiempo negociando con las comunidades autónomas. A partir de ahí, el Gobierno asume el compromiso de darles una ocupación en 90 días: un empleo, unas prácticas, actividades de formación... No obstante, como España supera el 20% de tasa de desempleo, la UE permite que este compromiso no adquiera la categoría de obligación. La garantía, en realidad, no es tal.
El paso que dio el Gobierno fue concretar cómo se va a gastar buena parte del dinero que va a llegar de Bruselas. Y a tenor de lo anunciado por Báñez, buena parte de él se irá a ayudas en forma de bonificaciones que abaratarán a los empresarios la contratación de jóvenes.

El Ejecutivo no especificó la otra pata que, en teoría, complementa la Garantía Juvenil: la de una oferta formativa para los jóvenes que lleven cuatro meses sin estudiar o trabajar que deberá contar ser de 150 horas para personas sin formación o experiencia y de 90 horas para quienes tengan que completar su cualificación.

La ayuda más importante consiste en bonificar la contratación de los jóvenes inscritos en este nuevo registro telemático con 300 euros durante seis meses, la tarifa joven, según la denominación de Empleo. Los requisitos para percibirla, a falta de conocerse los detalles que se publiquen en el BOE, son dos: que suponga un aumento de la plantilla de la empresa y que sea un contrato indefinido. No obstante, el empresario solo tiene la obligación de mantener el compromiso laboral durante medio año. Dicho de otra forma, si el despido llega a los seis meses y un día, el empresario no tendrá que devolver la ayuda.

Esta bonificación será compatible con las ayudas que ya existen, como la tarifa plana. Es decir, ambas podrán acumularse. Sin embargo, el Gobierno advierte de que si la suma de las rebajas y las bonificaciones hace que la cotización salga gratis al empresario e incluso sobre dinero, este no podrá percibir el excedente.

También hay nuevas bonificaciones para los contratos de prácticas. Este tipo de compromisos ya contaba con una reducción del 50% en las contingencias comunes (pensiones y enfermedades comunes) de las cotizaciones desde el año pasado, ahora se le añadirá el 50% restante. Al ser bonificaciones, esto supone que el empresario se ahorra la cotización, pero la asume erario público. También los contratos de formación y los de tiempo parcial que cuenten con una parte de la jornada vinculada a formación ven cómo se les amplía las ayudas con las que ya contaban.

La lista de bonificaciones creadas se completa con la de los becarios. Desde hace meses el Ministerio de Empleo y el de Educación mantenían una batalla soterrada por la cotización de los becarios. El primero estaba a favor de su mantenimiento; el segundo quería acabar con ella. Al final, se ha optado por una solución que contenta ambos. Se mantiene la cotización, pero se bonifica al 100%, con lo que universidades y empresarios no tendrán que pagar. Los 25 euros mensuales que cuesta saldrán del erario público.

Los agujeros fiscales del sistema tributario español

Cada deducción, reducción o exención fiscal supone un agujero en el sistema tributario por el que se escapa parte de la recaudación impositiva. Y no son precisamente vías de agua insignificantes. De hecho, solo los beneficios fiscales del Estado recogidos en los Presupuestos Generales de 2014 se estiman en 38.360 millones de euros (casi 4 puntos de PIB). Una cantidad a la que habría que sumar todas las desgravaciones que a su vez conceden las comunidades autónomas.

 De hecho, numerosos expertos -incluida la comisión Lagares- consideran estos orificios en las bases imponibles la principal causa por la que los elevados tipos impositivos que rigen en España -por encima de la media comunitaria- no logran los objetivos con unos ingresos tributarios inferiores al promedio de la UE. Precisamente el anteproyecto de reforma fiscal aprobado por el Gobierno trata de paliar este problema con la eliminación de alguna de estas deducciones, aunque la mayoría de los expertos lo consideran insuficiente. 

«Tenemos beneficios fiscales muy amplios por valor del 6,9% del PIB», asegura Pablo Hernández de Cos, analista del Banco de España y miembro de la Comisión Lagares. Y es que estima en 70.000 millones todas las deducciones, tanto estatales como autonómicas. Una cantidad similar al déficit público con el que España cerró 2013 (6,62% del PIB). Precisamente, el informe del grupo de expertos en el que participó Hernández de Cos proponía eliminar la mayor parte de las deducciones -aunque defendían las relacionadas con el I+D+i- y bajar los tipos marginales. 

Los economistas de Fedea, José Ignacio Conde, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y Juan Rubio, de la Duke University, destacan que los beneficios fiscales provocan que se devuelva el equivalente al 37% de lo que se ingresa por IRPF. Para solucionarlo apuestan por una supresión radical como es «eliminar todas las deducciones en el IRPF salvo los rendimientos del trabajo». De esta forma, según sus cálculos, los ingresos aumentarían en 31.177 millones de euros (un 3% del PIB). A cambio se podrían rebajar todos los tipos marginales de manera considerable. Y es que lo que deja de ingresar el Estado por beneficios fiscales en el IRPF equivale al 43,1% de la recaudación de este tributo en 2013. 

Algo similar proponen para el Impuesto de Sociedades. Según estos expertos, si se eliminasen todas las deducciones habría margen para reducir el tipo nominal del impuesto del 30% al 15% -la reforma fiscal del Gobierno lo rebaja solo hasta el 25%-. Los beneficios fiscales en Sociedades alcanzan los 3.309 millones de euros en 2014, según consta en los Presupuestos Generales. Esto supone un 15,4% de lo recaudado por este tributo en 2013 (19.945 millones). Sin embargo, ahí no se incluye la exención por doble imposición que en 2011 alcanzó los 21.123 millones de euros.

En un intento por tapar estos agujeros el Gobierno plantea suprimir algunas deducciones en la reforma. Entre ellas se encuentra la destinada al alquiler para aquellos contratos que se firmen a partir del 1 de enero de 2015, o la de los 1.500 euros por dividendos. También suprime en Sociedades la deducción por reinversión de beneficios. Unas medidas que no convencen a los expertos. «La reforma fiscal tiene los mismos agujeros pero con tipos más bajos. Esto no permite mejorar la recaudación», asegura Ignacio Zubiri, profesor de la Universidad del País Vasco partidario de suprimir, por ejemplo, las ayudas por maternidad. «Si se quiere ayudar y subvencionar que se haga por la vía del gasto», defiende. 

Sin embargo, la supresión o limitación de deducciones tiene un elevado coste político. Basta con comprobar el enorme revuelo generado con la tributación de la indemnización por despido a partir de los 2.000 euros por año trabajado -equivalente a un sueldo de 20.000 euros anuales-. «Es tremendamente doloroso en la práctica quitar deducciones. Es muy difícil recortar beneficios fiscales», reconoce Jesús Gascón, inspector de Hacienda. 

Compensar con el gasto 

 

Pero si hay un impuesto en el que el Gobierno se ha mostrado reacio a cualquier nueva modificación -tras la subida efectuada en 2012- es el IVA. Según los Presupuestos Generales de 2014, los beneficios fiscales del IVA suponen 16.628 millones (un 23,4% de los ingresos totales en 2013). De ellos 6.038 corresponden a exenciones (la mayoría obligadas por la UE), 6.287 millones por el tipo reducido y otros 4.264 por el superreducido. De hecho, solo el 42% de los productos de la cesta de consumo están gravados al tipo general del 21%. Así, Zubiri recuerda que la mayoría de países comunitarios no tienen tipos reducidos. De hecho, la Comisión Europea, el FMI o la OCDE reclaman constantemente una subida de este impuesto y la reclasificación de los bienes. Los expertos también se muestran partidarios de esta segunda idea. Consideran que los colectivos más vulnerables afectados por el incremento de un impuesto regresivo como es el IVA sean compensados por el gasto público, por ejemplo, con un incremento de las pensiones mínimas o una renta básica. 

Una idea que también comparte Jesús Sanmartín, miembro del Consejo General de Economistas- Reaf. «Los impuestos están para recaudar y las políticas sociales en el gasto público», asegura. En su opinión, es necesario «simplificar» los tributos para hacerlos más sencillos y se muestra partidario de eliminar la mayor parte de las deducciones. Y es que asegura que muchas de estas bonificaciones o exenciones son de carácter «propagandístico», ya que no cumplen los objetivos para los que fueron creados. 

Precisamente, unos impuestos más simplificados, es decir, con menos deducciones también serían más eficaces contra el fraude y la elusión fiscal. Por eso la Organización de Inspectores de Hacienda insiste en la conveniencia de acometer una reforma más profunda. Y es que cuantos más agujeros, más sencillo resulta a las grandes empresas colarse mediante ingeniería fiscal y eludir parte de sus obligaciones fiscales.