Los agujeros fiscales del sistema tributario español

Cada deducción, reducción o exención fiscal supone un agujero en el sistema tributario por el que se escapa parte de la recaudación impositiva. Y no son precisamente vías de agua insignificantes. De hecho, solo los beneficios fiscales del Estado recogidos en los Presupuestos Generales de 2014 se estiman en 38.360 millones de euros (casi 4 puntos de PIB). Una cantidad a la que habría que sumar todas las desgravaciones que a su vez conceden las comunidades autónomas.

 De hecho, numerosos expertos -incluida la comisión Lagares- consideran estos orificios en las bases imponibles la principal causa por la que los elevados tipos impositivos que rigen en España -por encima de la media comunitaria- no logran los objetivos con unos ingresos tributarios inferiores al promedio de la UE. Precisamente el anteproyecto de reforma fiscal aprobado por el Gobierno trata de paliar este problema con la eliminación de alguna de estas deducciones, aunque la mayoría de los expertos lo consideran insuficiente. 

«Tenemos beneficios fiscales muy amplios por valor del 6,9% del PIB», asegura Pablo Hernández de Cos, analista del Banco de España y miembro de la Comisión Lagares. Y es que estima en 70.000 millones todas las deducciones, tanto estatales como autonómicas. Una cantidad similar al déficit público con el que España cerró 2013 (6,62% del PIB). Precisamente, el informe del grupo de expertos en el que participó Hernández de Cos proponía eliminar la mayor parte de las deducciones -aunque defendían las relacionadas con el I+D+i- y bajar los tipos marginales. 

Los economistas de Fedea, José Ignacio Conde, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y Juan Rubio, de la Duke University, destacan que los beneficios fiscales provocan que se devuelva el equivalente al 37% de lo que se ingresa por IRPF. Para solucionarlo apuestan por una supresión radical como es «eliminar todas las deducciones en el IRPF salvo los rendimientos del trabajo». De esta forma, según sus cálculos, los ingresos aumentarían en 31.177 millones de euros (un 3% del PIB). A cambio se podrían rebajar todos los tipos marginales de manera considerable. Y es que lo que deja de ingresar el Estado por beneficios fiscales en el IRPF equivale al 43,1% de la recaudación de este tributo en 2013. 

Algo similar proponen para el Impuesto de Sociedades. Según estos expertos, si se eliminasen todas las deducciones habría margen para reducir el tipo nominal del impuesto del 30% al 15% -la reforma fiscal del Gobierno lo rebaja solo hasta el 25%-. Los beneficios fiscales en Sociedades alcanzan los 3.309 millones de euros en 2014, según consta en los Presupuestos Generales. Esto supone un 15,4% de lo recaudado por este tributo en 2013 (19.945 millones). Sin embargo, ahí no se incluye la exención por doble imposición que en 2011 alcanzó los 21.123 millones de euros.

En un intento por tapar estos agujeros el Gobierno plantea suprimir algunas deducciones en la reforma. Entre ellas se encuentra la destinada al alquiler para aquellos contratos que se firmen a partir del 1 de enero de 2015, o la de los 1.500 euros por dividendos. También suprime en Sociedades la deducción por reinversión de beneficios. Unas medidas que no convencen a los expertos. «La reforma fiscal tiene los mismos agujeros pero con tipos más bajos. Esto no permite mejorar la recaudación», asegura Ignacio Zubiri, profesor de la Universidad del País Vasco partidario de suprimir, por ejemplo, las ayudas por maternidad. «Si se quiere ayudar y subvencionar que se haga por la vía del gasto», defiende. 

Sin embargo, la supresión o limitación de deducciones tiene un elevado coste político. Basta con comprobar el enorme revuelo generado con la tributación de la indemnización por despido a partir de los 2.000 euros por año trabajado -equivalente a un sueldo de 20.000 euros anuales-. «Es tremendamente doloroso en la práctica quitar deducciones. Es muy difícil recortar beneficios fiscales», reconoce Jesús Gascón, inspector de Hacienda. 

Compensar con el gasto 

 

Pero si hay un impuesto en el que el Gobierno se ha mostrado reacio a cualquier nueva modificación -tras la subida efectuada en 2012- es el IVA. Según los Presupuestos Generales de 2014, los beneficios fiscales del IVA suponen 16.628 millones (un 23,4% de los ingresos totales en 2013). De ellos 6.038 corresponden a exenciones (la mayoría obligadas por la UE), 6.287 millones por el tipo reducido y otros 4.264 por el superreducido. De hecho, solo el 42% de los productos de la cesta de consumo están gravados al tipo general del 21%. Así, Zubiri recuerda que la mayoría de países comunitarios no tienen tipos reducidos. De hecho, la Comisión Europea, el FMI o la OCDE reclaman constantemente una subida de este impuesto y la reclasificación de los bienes. Los expertos también se muestran partidarios de esta segunda idea. Consideran que los colectivos más vulnerables afectados por el incremento de un impuesto regresivo como es el IVA sean compensados por el gasto público, por ejemplo, con un incremento de las pensiones mínimas o una renta básica. 

Una idea que también comparte Jesús Sanmartín, miembro del Consejo General de Economistas- Reaf. «Los impuestos están para recaudar y las políticas sociales en el gasto público», asegura. En su opinión, es necesario «simplificar» los tributos para hacerlos más sencillos y se muestra partidario de eliminar la mayor parte de las deducciones. Y es que asegura que muchas de estas bonificaciones o exenciones son de carácter «propagandístico», ya que no cumplen los objetivos para los que fueron creados. 

Precisamente, unos impuestos más simplificados, es decir, con menos deducciones también serían más eficaces contra el fraude y la elusión fiscal. Por eso la Organización de Inspectores de Hacienda insiste en la conveniencia de acometer una reforma más profunda. Y es que cuantos más agujeros, más sencillo resulta a las grandes empresas colarse mediante ingeniería fiscal y eludir parte de sus obligaciones fiscales.