El Gobierno refuerza el poder de las mutuas para decidir las altas médicas de los trabajadores

• Agiliza los trámites para dar de alta a los empleados

• La entrega de partes dependerá de la gravedad de la enfermedad

• Los trabajadores que no acudan al reconocimiento tendrán cuatro días para justificarlo 

   

   

  El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) deberá decidir el alta de un trabajador que esté de baja por incapacidad temporal en caso de discrepancias entre el médico del sistema sanitario y la mutua.
  
  El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de gestión de la incapacidad temporal en el primer año de duración y el proyecto de ley de mutuas, por el que se concede a estas entidades una mayor capacidad de intervención en las bajas médicas por enfermedad común.
  El objetivo, según el Gobierno, es reducir el absentismo laboral injustificado, lo que supondrá según sus cálculos un ahorro de 300 millones. No obstante, perderán poder de decisión los médicos.
  
  En concreto, en los casos en los que el facultativo y las mutuas no estén de acuerdo sobre la conveniencia de dar el alta a un trabajador en baja, será el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) el que tome una decisión. Lo mismo ocurrirá en el caso de que la mutua haga una propuesta de alta de un trabajador y el médico no responda a esta petición.
  El Ejecutivo ha suavizado en cualquier caso su propuesta inicial. La reforma presentada en diciembre establecía que en el caso de que se produzca este silencio administrativo por parte del facultativo, automáticamente se daría el alta al trabajador.
  
  Desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social justifican este cambio en que el diseño anterior "podría estar en el límite de constitucionalidad", así como en las quejas recibidas desde el Consejo Económico y Social (CES). También apuntan que este cambio permitió lograr el acuerdo con los agentes sociales, y añaden que el INSS "compartía esta decisión".
  El proyecto de ley establece un plazo de cinco días para que el médico del sistema de salud responda a la propuesta de alta de la mutua. En el caso de que en este tiempo no haya respuesta o la rechace, el INSS tomará una decisión en un plazo de cuatro días.
  
  No obstante, durante un periodo transitorio de unos seis meses estos plazos serán de 11 días para que el facultativo responda y de 8 días para que el INSS tome una decisión.
  

  No presentarse al chequeo

  La norma también establece un plazo de cuatro días para que un trabajador en baja que no haya acudido a un reconocimiento justifique la ausencia para evitar el alta automático.
  En concreto, si un trabajador en baja no acude a un reconocimiento solicitado por el facultativo del servicio de salud, la mutua o el INSS, desde el primer día se le suspenderá cautelarmente la prestación y si en cuatro días no justifica la ausencia, se le extinguirá definitivamente. No obstante, en el caso de que justifique esta ausencia, recuperará la prestación desde el primer día de la suspensión.
  

  Los partes se presentarán según la enfermedad

  El real decreto establece también medidas para reducir las cargas burocráticas, modificando la periodicidad de los partes de confirmación de la bajas, eliminando la obligatoriedad de presentarlos cada siete días.
  
  Así, a partir de ahora los procesos se clasifican, en base a tres parámetros (patología, edad y ocupación), en cortísimos (hasta cinco días de baja estimada), cortos (entre 5 y 30), medios (entre 31 y 60) y largos (más de 61 días).
  
  En el caso de los procesos de cortísima duración, el facultativo podrá dar el parte de alta junto al de baja, aunque podría ampliarse si el día previsto del alta el trabajador no está en condiciones de reincorporarse. Por su parte, en los procesos de corta duración se debe presentar un parte de confirmación cada 14 días, en los medios cada 28 días y en los largos cada 35 días.
  Además, se establece que en estos partes de confirmación debe constar la duración probable de la baja y la fehca del próximo reconocimiento médico.
  
  Por último, el real decreto incluye la transmisión diaria por vía telemática de las bajas y altas desde los servicios de salud de las comunidades autónomas al INSS, y de este organismo a las mutuas, de manera que se crea la primera base de datos conjunta de estos procesos de incapacidad temporal.
  

IRPF y Sociedades, por encima de la media europea tras la reforma fiscal

                                                                                                                                                                                
                                                                                                                         
                                                                                                                                                                    La reforma fiscal que aprobará el Gobierno  rebajará sensiblemente los tipos en el IRPF y el impuesto sobre sociedades. Sin embargo, ambos tributos se mantendrán por encima de la media de la Unión Europea. Solo en el IVA, el tipo impositivo se encuentra por debajo del promedio.

España hoy es el quinto país de la UE de los Veintiocho con un tipo marginal en el IRPF más elevado (52%) y ocupa el puesto séptimo en el impuesto sobre sociedades. Tras la reforma tributaria que aprobará este viernes el Gobierno y que entrará en vigor a partir de 2015 en dos fases, España dejará de estar en el top ten de los países europeos con tipos impositivos directos más elevados.

 En el impuesto sobre la renta, el gravamen marginal máximo bajará al 47% el próximo año y al 45% el siguiente. España pasará de ocupar el quinto puesto al decimosexto en 2016, teniendo en cuenta que el resto de países mantienen sus tipos actuales. A pesar de que supone una reducción drástica, no es lo suficientemente intensa para que el tipo del IRPFse ubique por debajo del gravamen medio de los Veintiocho, que alcanza el 39,4% o el 43,8% en la eurozona.

Los expertos liderados por Manuel Lagares que elaboraron el informe para la reforma fiscal sugirieron que el gravamen máximo bajara como mínimo hasta el 43%. Aun así, el IRPF español será inferior al vigente en Suecia, Portugal, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Finlandia, Francia, Austria, Eslovenia, Irlanda, Italia, Alemania, Croacia y Grecia (ver gráfico). No siempre tener un tipo superior en el IRPF significa que los contribuyentes paguen más. Hay que tener en cuenta como se aplican los tramos. Por ejemplo, España y Holanda mantienen hoy el mismo gravamen máximo del 52%. Sin embargo, el porcentaje se aplica en el sistema español a partir de 300.000 euros y, en los Países Bajos, ya entra en vigor cuando el contribuyente presenta una base imponible por encima de los 56.351 euros.

Con la reforma fiscal del Gobierno, el tipo superior bajará siete puntos, aunque se aplicará a partir de 60.000 euros. Es decir, afectará a un mayor número de contribuyentes. En cualquier caso, a la mayoría de trabajadores le resulta indiferente los cambios normativos en esos tramos porque sus salarios se encuentran muy por debajo. En este sentido, la reducción tributaria aprobada por el Gobierno resulta especialmente beneficiosa para las rentas más bajas porque el tipo mínimo baja del 24,75% vigente al 19% en 2016. Que esos porcentajes se apliquen dependerá de que las comunidades, que tienen competencia sobre el 50% del impuesto, repliquen en su tramo autonómico la rebaja tributaria aprobada por Hacienda.

Por recaudación, España es el doceavo país que más ingresa por el impuesto sobre la renta, según los datos recopilados por la Unión Europea y que corresponden a 2012. El IRPF aporta recursos equivalentes al 7,7% del PIB, un porcentaje que se encuentra por debajo de la media de la UE (9,4%).

Chipre, con un tipo del 12,5% en Sociedades, recauda el triple que España en términos relativos

En el impuesto sobre sociedades es donde se ilustra con mayor claridad la ineficiencia del sistema fiscal. España mantiene un tipo nominal del 30% y, sin embargo, solo logra recaudar el equivalente al 2,2% de su PIB. Por ingresos, ocupa el puesto decimoctavo. De media, la recaudación en la UE alcanza el 2,5%. Chipre, cuyo gravamen se sitúa en el 12,5%, recauda con ese tributo más de un 6% de su PIB.

Productos bonificados en el IVA

Los expertos fiscales recomendaron que el tipo en Sociedades se situara en torno al 20%. El Gobierno ha sido más cauto y aplicará una rebaja en dos años de cinco puntos. Así, el impuesto sobre sociedades caerá a partir de 2015 al 28% y al 25%en 2016. El Ejecutivo confía en que, pese a la reducción de los tipos impositivos, la retirada de incentivos fiscales y la mejora económica derive en un incremento de los ingresos.
La reforma tributaria que presentará el Gobierno no modifica el tipo impositivo del IVA, que se encuentra en el 21%. Es el único de los tres grandes impuestos que se ubica por debajo de la medida de la Unión Europea, cuyo gravamen medio se sitúa en el 21,5%. España ocupa el puesto decimoctavo en el ranking europeo. Y eso, a pesar de que el impuesto ha subido cinco puntos desde 2010. Por recaudación y con los datos de 2012, España destaca como el país europeo que menos ingresos logra con el IVA.

El motivo, entiende la Comisión Europea, es el peso excesivo que tienen los tipos reducidos y superreducidos que se aplican a determinados productos. Por este motivo, Bruselas insiste en todos sus informes sobre la economía española en la necesidad de establecer el tipo general a bienes y servicios que hoy están bonificados. Esa misma recomendación aparece también en el informe que los expertos liderados por Lagares remitieron al Gobierno.
Hacienda asegura que no se plantea adoptar tal medida y confía en que la reforma fiscal que aprobará cumplirá los dos objetivos principales: revitalizar la economía y generar los ingresos suficientes para garantizar en el futuro la sostenibilidad de los servicios públicos.

Hacienda castigará la ingeniería fiscal

Hasta ahora, si estas prácticas de elusión fiscal eran detectadas, algo complejo, los infractores solo tenían que devolver lo defraudado, pero no son sancionados

 

Uno de los mayores problemas del sistema tributario español es el enorme peso de la economía sumergida, en torno al 23 % del PIB. Diez puntos más que la media comunitaria. Parte de esa diferencia se explica por la capacidad de las multinacionales para minorar el pago de impuestos al beneficiarse de deducciones y bonificaciones en las liquidaciones gracias a mecanismos de ingeniería fiscal. Para tratar de frenar estas prácticas que la Agencia Tributaria considera de planificación agresiva, la reforma presentada por el Gobierno introduce por primera vez la posibilidad de sancionar estas operaciones. Una medida aplaudida por los expertos que, sin embargo, echan en falta más iniciativas en este sentido. «Estas grandes empresas interpretan las distintas legislaciones fiscales para buscar resquicios que les beneficien», explica el presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda (IHE), Ransés Pérez Boga.

Ahora, si estas prácticas de elusión fiscal son detectadas, algo complejo, los infractores solo tienen que devolver lo defraudado, pero no son sancionados. De esta forma, según IHE, las empresas se arriesgan y fuerzan la ley, ya que en el peor de los casos su acción no tendría sobrecoste económico.

Sin embargo, la nueva redacción sí incluye la posibilidad de imponer multas al recoger que «procederá la imposición de sanciones tributarias conforme a lo dispuesto en el título IV de esta ley». Es decir, a una sanción que puede oscilar entre el 50 % y 150 % de la cantidad eludida. «Esto va a ser un aviso a navegantes», asegura Ransés, aunque reconoce que la redacción del artículo no es todo lo contundente que debería ya que no especifica qué casos pueden considerarse como ingeniería fiscal.

Delito fiscal 

Otro de los cambios introducidos en la normativa tiene que ver con la gestión recaudatoria en casos de delito fiscal. Hasta ahora, era necesario esperar a la sentencia judicial para que la empresa pagara la deuda con Hacienda. Sin embargo, los enormes tiempos judiciales hacían que, en muchas ocasiones, cuando se producía la resoluciónm la empresa no tenía bienes con los que afrontar el pago. La reforma permite que se cobre el importe de la deuda en depósito a la espera de la sentencia.

También desaparece la figura de la mediación en los procedimientos tributarios.

El autónomo debe comunicar a su pagador la rebaja del tipo de retención

Los profesionales que el año anterior obtuvieron rendimientos salariales inferiores a 15.000 euros pueden desde el pasado 5 de julio fijar una retención en el IRPFdel 15% en sus facturas frente al 21% vigente. La normativa aprobada en Consejo de Ministros y que ayer convalidó el Congreso con los votos a favor del PP establece que para aplicar el tipo del 15%, los “contribuyentes deberán comunicar al pagador de los rendimientos la concurrencia de dicha circunstancia, quedando obligado el pagador a conservar la comunicación debidamente firmada”. Para ello, basta enviar una carta a la empresa que contrate los servicios del autónomo explicando que se cumplen los requisitos para acogerse a la retención del 15%.

El mismo proceso se sigue en el caso de los trabajadores por cuenta propia que inician una actividad profesional y que con la ley actual tienen derecho a aplicar un tipo de retención del 9% durante tres años. Los beneficiarios deben comunicar a sus clientes esta salvedad para que la empresa que les retiene un porcentaje en el IRPFaplique el tipo reducido.


Hay que tener en cuenta que una rebaja de la retención no implica una reducción tributaria en sentido estricto, sino que supone adelantar a Hacienda menos dinero por el impuesto sobre la renta, cuya liquidación se produce el año siguiente del ejercicio de referencia. Es decir, si un autónomo sufre una retención muy elevada, el resultado de su declaración será a devolver. “El impacto recaudatorio será nulo, persistiendo únicamente un efectos financiero”, defiende Hacienda en la memoria del decreto ley. En cualquier caso, el colectivo de trabajadores por cuenta propia entendía que en un momento de falta de liquidez suponía un castigo muy duro fijar un tipo de retención del 21% para los profesionales. Para aquellos que ingresan más de 15.000 euros, la retención se mantendrá este año en el 21% y bajará al 20% en 2015 y al 19% en 2016.

Un decreto “ómnibus”

En el mismo real decreto, el Gobierno también aprobó activar el impuesto sobre depósitos bancarios, un tributo que actualmente existía con un gravamen del 0% para evitar que las comunidades autónomas lo aplicarán en sus territorios. El Ejecutivo ha fijado un tipo del 0,003% y confía en recaudar unos 375 millones de euros.

El decreto convalidado ayer y aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros se ha convertido en una norma que aglutina diversas medidas que el Ejecutivo considera de urgente implementación. Así, la norma incluye desde las bonificaciones a la contratación asociadas a la Garantía Juvenil, cambios en la gestión de los puertos, medidas para la privatización de AENA, la liberalización del sector del butano, la gestión del Registro Civil, el uso de drones, los cambios en las condiciones de los créditos de pago a proveedores de los ayuntamientos o la reducción de las comisiones por pago con tarjeta de crédito.

Las empresas recibirán 1.800 euros por cada joven parado al que contraten fijo

La principal herramienta para combatir el desempleo juvenil serán las ayudas a los empresarios para que contraten a jóvenes que ni trabajan ni estudian. El Gobierno ha dado luz verde a la llamada Garantía Juvenil de Empleo. La medida estrella del plan consiste en una bonificación mensual durante medio año de 300 euros por cada joven contratado indefinidamente que suponga un incremento de la plantilla de la empresa. Es decir, un abaratamiento en la contratación de 1.800 euros. No es la única ayuda, también se amplían las que hay para los contratos de formación y de prácticas. Y se añade la de los becarios que realizan algún tipo de práctica remunerada en empresas y universidades.

En España, el programa contará con 1.800 millones (900 procedentes del Fondo Social Europeo y 900 de nueva aportación) que llegarán entre 2014 y 2015. Podrán acogerse a él todos los jóvenes menores de 25 que no estudien ni trabajen. Esto reduce el número de potenciales beneficiarios a casi 550.000, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre.
A partir del lunes, los integrantes de este colectivo que lleven 30 días parados podrán inscribirse en un registro telemático que pondrá en marcha Empleo, y que, como explicó la ministra Fátima Báñez, lleva tiempo negociando con las comunidades autónomas. A partir de ahí, el Gobierno asume el compromiso de darles una ocupación en 90 días: un empleo, unas prácticas, actividades de formación... No obstante, como España supera el 20% de tasa de desempleo, la UE permite que este compromiso no adquiera la categoría de obligación. La garantía, en realidad, no es tal.
El paso que dio el Gobierno fue concretar cómo se va a gastar buena parte del dinero que va a llegar de Bruselas. Y a tenor de lo anunciado por Báñez, buena parte de él se irá a ayudas en forma de bonificaciones que abaratarán a los empresarios la contratación de jóvenes.

El Ejecutivo no especificó la otra pata que, en teoría, complementa la Garantía Juvenil: la de una oferta formativa para los jóvenes que lleven cuatro meses sin estudiar o trabajar que deberá contar ser de 150 horas para personas sin formación o experiencia y de 90 horas para quienes tengan que completar su cualificación.

La ayuda más importante consiste en bonificar la contratación de los jóvenes inscritos en este nuevo registro telemático con 300 euros durante seis meses, la tarifa joven, según la denominación de Empleo. Los requisitos para percibirla, a falta de conocerse los detalles que se publiquen en el BOE, son dos: que suponga un aumento de la plantilla de la empresa y que sea un contrato indefinido. No obstante, el empresario solo tiene la obligación de mantener el compromiso laboral durante medio año. Dicho de otra forma, si el despido llega a los seis meses y un día, el empresario no tendrá que devolver la ayuda.

Esta bonificación será compatible con las ayudas que ya existen, como la tarifa plana. Es decir, ambas podrán acumularse. Sin embargo, el Gobierno advierte de que si la suma de las rebajas y las bonificaciones hace que la cotización salga gratis al empresario e incluso sobre dinero, este no podrá percibir el excedente.

También hay nuevas bonificaciones para los contratos de prácticas. Este tipo de compromisos ya contaba con una reducción del 50% en las contingencias comunes (pensiones y enfermedades comunes) de las cotizaciones desde el año pasado, ahora se le añadirá el 50% restante. Al ser bonificaciones, esto supone que el empresario se ahorra la cotización, pero la asume erario público. También los contratos de formación y los de tiempo parcial que cuenten con una parte de la jornada vinculada a formación ven cómo se les amplía las ayudas con las que ya contaban.

La lista de bonificaciones creadas se completa con la de los becarios. Desde hace meses el Ministerio de Empleo y el de Educación mantenían una batalla soterrada por la cotización de los becarios. El primero estaba a favor de su mantenimiento; el segundo quería acabar con ella. Al final, se ha optado por una solución que contenta ambos. Se mantiene la cotización, pero se bonifica al 100%, con lo que universidades y empresarios no tendrán que pagar. Los 25 euros mensuales que cuesta saldrán del erario público.

Los agujeros fiscales del sistema tributario español

Cada deducción, reducción o exención fiscal supone un agujero en el sistema tributario por el que se escapa parte de la recaudación impositiva. Y no son precisamente vías de agua insignificantes. De hecho, solo los beneficios fiscales del Estado recogidos en los Presupuestos Generales de 2014 se estiman en 38.360 millones de euros (casi 4 puntos de PIB). Una cantidad a la que habría que sumar todas las desgravaciones que a su vez conceden las comunidades autónomas.

 De hecho, numerosos expertos -incluida la comisión Lagares- consideran estos orificios en las bases imponibles la principal causa por la que los elevados tipos impositivos que rigen en España -por encima de la media comunitaria- no logran los objetivos con unos ingresos tributarios inferiores al promedio de la UE. Precisamente el anteproyecto de reforma fiscal aprobado por el Gobierno trata de paliar este problema con la eliminación de alguna de estas deducciones, aunque la mayoría de los expertos lo consideran insuficiente. 

«Tenemos beneficios fiscales muy amplios por valor del 6,9% del PIB», asegura Pablo Hernández de Cos, analista del Banco de España y miembro de la Comisión Lagares. Y es que estima en 70.000 millones todas las deducciones, tanto estatales como autonómicas. Una cantidad similar al déficit público con el que España cerró 2013 (6,62% del PIB). Precisamente, el informe del grupo de expertos en el que participó Hernández de Cos proponía eliminar la mayor parte de las deducciones -aunque defendían las relacionadas con el I+D+i- y bajar los tipos marginales. 

Los economistas de Fedea, José Ignacio Conde, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, y Juan Rubio, de la Duke University, destacan que los beneficios fiscales provocan que se devuelva el equivalente al 37% de lo que se ingresa por IRPF. Para solucionarlo apuestan por una supresión radical como es «eliminar todas las deducciones en el IRPF salvo los rendimientos del trabajo». De esta forma, según sus cálculos, los ingresos aumentarían en 31.177 millones de euros (un 3% del PIB). A cambio se podrían rebajar todos los tipos marginales de manera considerable. Y es que lo que deja de ingresar el Estado por beneficios fiscales en el IRPF equivale al 43,1% de la recaudación de este tributo en 2013. 

Algo similar proponen para el Impuesto de Sociedades. Según estos expertos, si se eliminasen todas las deducciones habría margen para reducir el tipo nominal del impuesto del 30% al 15% -la reforma fiscal del Gobierno lo rebaja solo hasta el 25%-. Los beneficios fiscales en Sociedades alcanzan los 3.309 millones de euros en 2014, según consta en los Presupuestos Generales. Esto supone un 15,4% de lo recaudado por este tributo en 2013 (19.945 millones). Sin embargo, ahí no se incluye la exención por doble imposición que en 2011 alcanzó los 21.123 millones de euros.

En un intento por tapar estos agujeros el Gobierno plantea suprimir algunas deducciones en la reforma. Entre ellas se encuentra la destinada al alquiler para aquellos contratos que se firmen a partir del 1 de enero de 2015, o la de los 1.500 euros por dividendos. También suprime en Sociedades la deducción por reinversión de beneficios. Unas medidas que no convencen a los expertos. «La reforma fiscal tiene los mismos agujeros pero con tipos más bajos. Esto no permite mejorar la recaudación», asegura Ignacio Zubiri, profesor de la Universidad del País Vasco partidario de suprimir, por ejemplo, las ayudas por maternidad. «Si se quiere ayudar y subvencionar que se haga por la vía del gasto», defiende. 

Sin embargo, la supresión o limitación de deducciones tiene un elevado coste político. Basta con comprobar el enorme revuelo generado con la tributación de la indemnización por despido a partir de los 2.000 euros por año trabajado -equivalente a un sueldo de 20.000 euros anuales-. «Es tremendamente doloroso en la práctica quitar deducciones. Es muy difícil recortar beneficios fiscales», reconoce Jesús Gascón, inspector de Hacienda. 

Compensar con el gasto 

 

Pero si hay un impuesto en el que el Gobierno se ha mostrado reacio a cualquier nueva modificación -tras la subida efectuada en 2012- es el IVA. Según los Presupuestos Generales de 2014, los beneficios fiscales del IVA suponen 16.628 millones (un 23,4% de los ingresos totales en 2013). De ellos 6.038 corresponden a exenciones (la mayoría obligadas por la UE), 6.287 millones por el tipo reducido y otros 4.264 por el superreducido. De hecho, solo el 42% de los productos de la cesta de consumo están gravados al tipo general del 21%. Así, Zubiri recuerda que la mayoría de países comunitarios no tienen tipos reducidos. De hecho, la Comisión Europea, el FMI o la OCDE reclaman constantemente una subida de este impuesto y la reclasificación de los bienes. Los expertos también se muestran partidarios de esta segunda idea. Consideran que los colectivos más vulnerables afectados por el incremento de un impuesto regresivo como es el IVA sean compensados por el gasto público, por ejemplo, con un incremento de las pensiones mínimas o una renta básica. 

Una idea que también comparte Jesús Sanmartín, miembro del Consejo General de Economistas- Reaf. «Los impuestos están para recaudar y las políticas sociales en el gasto público», asegura. En su opinión, es necesario «simplificar» los tributos para hacerlos más sencillos y se muestra partidario de eliminar la mayor parte de las deducciones. Y es que asegura que muchas de estas bonificaciones o exenciones son de carácter «propagandístico», ya que no cumplen los objetivos para los que fueron creados. 

Precisamente, unos impuestos más simplificados, es decir, con menos deducciones también serían más eficaces contra el fraude y la elusión fiscal. Por eso la Organización de Inspectores de Hacienda insiste en la conveniencia de acometer una reforma más profunda. Y es que cuantos más agujeros, más sencillo resulta a las grandes empresas colarse mediante ingeniería fiscal y eludir parte de sus obligaciones fiscales.

CALCULADORA DE COMO QUEDARA SU SUELDO TRAS LA REFORMA FISCAL

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El Gobierno obliga a Santander a regular la apertura de comercios en domingos

El Ayuntamiento tiene seis meses para decidir en qué zonas y en qué épocas del año aplica la medida

Con la declaración de Santander como ‘zona de gran afluencia turística’, aprobada ayer por el Consejo de Ministros, llegará a la ciudad la liberación del horario comercial, ansiada por las grandes superficies y rechazada por el pequeño comercio. El Ayuntamiento, obligado ahora a regular la apertura en domingos y festivos, tiene seis meses para decidir en qué áreas de la urbe y en que épocas del año aplicará la medida. Si vence ese plazo sin que haya presentado su propuesta al Gobierno regional, que debe autorizarla, la libertad de horario será automática en todo el municipio. SANTANDER. El Gobierno central ha incluido a Santander entre las nuevas zonas de gran afluencia turística, catalogación que obliga a establecer áreas con libertad de horarios comerciales. Cierra así, al menos en parte, un debate abierto en la capital de Cantabria desde hace varios años y satisface una vieja aspiración de las grandes superficies.

 En medio año estará aplicada la norma; se habrá decidido dónde y cuándo se pueden abrir las tiendas libremente. A partir de ahora, Santander tiene la obligación de determinar en qué áreas y durante qué épocas del año los comerciantes podrán abrir libremente sus establecimientos, independientemente de si el día es o no festivo y el tamaño de sus tiendas. El Ejecutivo establece un plazo de seis meses para que los ayuntamientos declarados zonas de gran afluencia turística regulen su adaptación a la norma. De no hacerlo, la liberalización del horario comercial será automática en todo el municipio.

Pero la decisión del Gobierno central deja al Ayuntamiento santanderino ante una incómoda tarea. La Corporación está obligada ahora a cumplir con las directrices marcadas por Madrid y a apaciguar el ánimo del pequeño comercio, que lleva años manifestándose en contra de la libertad de horarios. Íñigo de la Serna, que hasta el momento ha eludido la polémica, se verá forzado a sentarse con los representantes de los dos bandos de esta ya vieja contienda –comercio tradicional y grandes superficies– y tratar de contentar a ambos sin desobedecer las órdenes del Gobierno.

De momento, el alcalde aseguró ayer a este periódico que el Ayuntamiento cumplirá lo que marque la ley. «Antes había un debate abierto y ahora hay una norma que cumplir», se limitó a decir.
Cuando hace un año la Asociación de Grandes Empresas de Distribución (Anged) dio un paso al frente y le pidió que reclamara que Santander fuera considerada zona de gran afluencia turística, la respuesta airada del comercio tradicional llevó al alcalde a convocar a las partes a una mesa de diálogo que nunca llegó a celebrarse. La decisión del Gobierno, cierra la puerta a aquel debate y marca al Ayuntamiento un rumbo ahora obligado por la ley estatal.

Ante este nuevo escenario, el pequeño comercio dice no estar dispuesto a dar un paso en falso. Coercán (Federación del Comercio de Cantabria) dijo que está pendiente de sentar el próximo lunes a la misma mesa a todas las voces que representan al pequeño comercio para consensuar una postura que luego pondrán sobre la mesa del alcalde.

Sea como fuera, el Ayuntamiento tiene que tomar una decisión rápida y establecer qué zonas y en qué meses se liberalizará el horario, porque las Comunidades Autónomas deberán declarar, en ese plazo de seis meses, las áreas de su ámbito territorial .
En el Gobierno, a la espera de conocer en detalle la decisión del Consejo de Ministros, ya adelantan que cumplirán con su deber. «El Ayuntamiento de Santander hará una propuesta que se tramitará vía Gobierno regional. Se valorará y, si se cumple lo establecido, se aprobará», afirmó el consejero de Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti.


Quienes no han dudado en hacer pública su satisfacción son los representantes de las grandes empresas de distribución. Agrupados en torno a Anged, el sector valoró ayer muy positivamente la decisión del Consejo de Ministros. Esta medida, aseguran, impulsará la libertad de empresa y de horarios de apertura del comercio y, por consiguiente, permitirá aprovechar todas las oportunidades de generación de ingresos y empleo que ofrecen los 60 millones de turistas que visitan España todos los años.

En Santander, este colectivo dejó sobre la mesa del alcalde su propuesta hace ya un año. Cree que el sector comercial de la ciudad puede generar cientos de nuevos puestos de trabajo si dispone de libertad para abrir fines de semana y domingos y festivos durante los meses de verano. Anged presentó su solicitud a los responsables municipales asegurando que la liberalización de horarios podría suponer la creación de entre 500 y 700 nuevos empleos, sin contar el impulso indirecto sobre otros sectores, como la restauración, el ocio, la hostelería o los ser vicios.
Cuentas hechas a partir de la experiencia de otras ciudades, como Valladolid, y aliñadas con datos oficiales: Santander recibe un millón de visitantes al año y el 60% de ellos, según datos del Instituto de Estudios Turísticos, son viajeros de finde semana y concentran principalmente sus estancias en verano.

El texto establece la declaración de todo el municipio como zona de gran afluencia turística en caso de que no se delimiten las áreas antes de medio año. El Gobierno puso en marcha el decreto sobre las zonas de gran afluencia turística en 2012, pero su aplicación no ha sido igual en las catorce ciudades que hasta ayer tenían esa denominación. La legislación ha chocado en muchos casos con políticas comerciales o regionales, con intereses de sectores contrarios a la medida y de mucho peso en algunos municipios españoles. De hecho, en algunos la aplicación de la norma ha supuesto más de un quebradero de cabeza para sus alcaldes. En Barcelona, el Consistorio solo permite la apertura en zonas turísticas en verano y a horas concretas por la oposición de parte del comercio tradicional a la medida. También en Valencia ha habido conflictos entre municipios y distintas zonas de la ciudad, que consideran injusto el reparto de libertad horaria. Una polémica que todavía hoy sigue viva.

Autónomos con hasta 15.000 euros de renta tendrán una retención del 15%

Los autónomos que cuenten con rentas de hasta 15.000 euros anuales y que supongan más del 75% de la suma de sus rendimientos íntegros verán rebajadas las retenciones por IRPF del 21% al 15% desde mañana.

   Así lo ha indicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que ha presentado el Real Decreto Ley de medidas de liberalización, que será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) mañana.
   De esta forma, la medida que favorece a los autónomos será efectiva de forma "inmediata", en palabras de la vicepresidenta del Gobierno.

   El Gobierno eleva este margen de renta desde los 12.000 euros anuales, que anunción cuando se presentó la reforma fiscal, a los 15.000 euros anuales, con lo que más trabajadores autónomos se verán beneficiados por la medida, una de las primeras en ponerse en marcha en el marco de la reforma fiscal, que entrará en vigor al completo en enero de 2015.

   Además, el Gobierno ha decidido anticipar a mañana la entrada en vigor de la exención en el IRPF y en el impuesto de plusvalías municipales de la ganancia patrimonial que se produzca debido a la dación en pago (entrega de la casa para el pago de la deuda hipotecaria).

   Asimismo, los rendimientos de capital negativos derivados de las participaciones preferentes se podrán compensar con las ganancias patrimoniales derivadas de las acciones que fueron objeto de canje una vez entre en vigor este decreto.

Las empresas podrán utilizar el excedente de la nueva bonificación para otros empleados

El Boletín Oficial del Estado publica la nueva estrategia laboral aprobada ayer por el Consejo de Ministros para favorecer el empleo entre los jóvenes, con ayudas a las empresas de 300 euros al mes durante un máximo de medio año. En el contrato de prácticas, que actualmente cuenta con una reducción del 50% en las cotizaciones por contingencias comunes, se incorpora, para los beneficiarios de la garantía juvenil, una bonificación adicional del 50% en las cotizaciones de la empresa a la Seguridad Social por continencias comunes 

La bonificación de 300 euros en la cotización de los jóvenes que formen parte de la Garantía Juvenil aprobada ayer por el Consejo de Ministros es compatible con cualquier otro incentivo a la contratación, lo que supondrá que en algunos casos la rebaja de la cuota arroje un resultado positivo para la empresa. Este saldo favorable para la empresa no será rembolsado por la Seguridad Social, según el texto del real decreto publicado este sábado por el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque sí podrá ser utilizado para rebajar la cuota de otro trabajador.

Su principal objetivo es que los jóvenes entre 16 y 25 años (30 años para quienes tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33%) que no estén trabajando ni estudiando puedan recibir una oferta de empleo, formación o prácticas tras terminar de estudiar o porque ya se encuentran en el paro. La principal medida es la que se ha denominado como tarifa joven, una bonificación mensual de 300 euros, hasta 1.800 como máximo, en la cotización de las empresas a la Seguridad Social si contratan a jóvenes. Además, en el contrato de prácticas, que actualmente cuenta con una reducción del 50% en las cotizaciones por contingencias comunes, se incorpora, para los beneficiarios de la garantía juvenil, una bonificación adicional del 50% en las cotizaciones de la empresa a la Seguridad Social por continencias comunes.

 

La bonificación de 300 euros para la contratación de los jóvenes, que forma parte de este programa y que estará en vigor hasta el 30 de junio del año 2016, será compatible con cualquier otro beneficio recogido en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Juvenil y está condicionada a la creación de nuevos puestos de trabajo de carácter indefinido. También está abierta a empleos a tiempo parcial, aunque en este caso la cuantía de la bonificación será proporcional a la jornada de trabajo realizada (150 euros en empleo a media jornada, o 225 euros con una jornada del 75%). Esta medida se incluye dentro de la Garantía Juvenil, en la que podrán participar jóvenes entre 16 y 25 años que no hayan tenido un empleo o hayan realizado tareas de formación en los últimos 30 días, o que no hayan participado en acciones educativas en los últimos 90 días.

 

Por otro lado, el Ejecutivo aprobó otras medidas de impulso de la contratación de jóvenes, como el impulso del contrato de formación y aprendizaje. En este caso, la ayuda del 25% para la acción formativa en la empresa pasará a ser del 50%. Asimismo, a la reducción del 50% en la cotización por contingencias comunes del contrato en prácticas se sumará una bonificación también del 50%, de manera que se cubre el 100% del coste para las empresas de incorporar a jóvenes en esta modalidad. Por último, a partir del 1 de agosto de este año se incorporará una bonificación del 100% en la cotización de los jóvenes que están realizando prácticas académicas curriculares o a través de la Formación Profesional con carácter retribuido.

El Gobierno fija un límite para las comisiones de las tarjetas de crédito y débito

La vicepresidenta del Gobierno ha anunciado que el Gobierno limitará las comisiones que los bancos pueden cobrar a los comercios por las tarjetas de crédito, al 0,3%, y de débito, al 0,2%.


El Consejo de Ministros ha aprobado, dentro de la batería de medidas para reactivar la economía, la reducción de las tasas que los bancos cobran a los comercios por el uso del dinero plástico en los terminales punto de venta (TPV). Soraya Sáenz de Santamaría ha afirmado que, actualmente, estas comisiones rondan el 0,8% del importe de la compra, así que los límites fijados servirán para reducir casi a un tercio el coste que soportan comercios y autónomos.

En concreto, la vicepresidencia ha anunciado que la comisión máxima para el uso de una tarjeta de crédito será del 0,3%, mientras que para las de débito el límite se rebaja al 0,2%.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo español se adelanta a la propuesta realizada el pasado abril por el Parlamento Europeo, que pidió reducir este tipo de costes.

300 euros por contratar a jóvenes menores de 25 años

El Gobierno bonificará la contratación indefinida de estos jóvenes durante un máximo de seis meses 

 

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto-ley por el que se regula el 'Sistema Nacional de Garantía Juvenil', cuyo objetivo es que los jóvenes mayores de 16 años y menores de 25 que no estén ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación reciban una oferta de empleo, educación, formación de aprendiz o prácticas tras acabar la educación formal o quedar en el paro. En el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, la edad se eleva hasta los 30 años.

Según ha señalado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el número potencial de beneficiarios de la garantía juvenil, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), alcanza los 840.000. Para beneficiarse de esta garantía juvenil, los jóvenes deberán darse de alta en un registro único en el que trabajarán todas las administraciones.

La ministra ha anunciado que para apoyar la contratación juvenil se establece una 'tarifa joven', consistente en una bonificación mensual en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social de 300 euros mensuales durante un máximo de seis meses (1.800 euros en total), de la que podrán beneficiarse las empresas, incluidos los autónomos y las entidades de la economía social, que contraten indefinidamente a un joven inscrito en la garantía juvenil.

Esta 'tarifa joven', en vigor hasta el 30 de junio de 2016, será compatible con el resto de incentivos, siempre que el importe mensual a cotizar por la empresa o el trabajador autónomo no sea negativo. Además, la empresa deberá mantener al joven trabajador al menos seis meses desde el inicio de la relación laboral. Si lo despide antes, deberá reintegrar la bonificación.

Asimismo, las empresas que hagan uso de esta bonificación estarán obligadas a incrementar con la nueva contratación tanto el nivel de empleo indefinido como el nivel de empleo total, y mantenerlo durante todo el periodo de disfrute de la bonificación.

En el supuesto de que la contratación sea a tiempo parcial, la jornada alcanzará como mínimo el 50% de la correspondiente a la de un trabajador a tiempo completo comparable, aplicándose una bonificación de entre 150 y 225 euros para este supuesto en función de la jornada de trabajo.
Una vez por cada contratado

La aplicación de la bonificación por parte de cada empresa sólo se producirá una única vez por cada uno de los beneficiarios del sistema nacional de garantía juvenil que sea contratado, con independencia del periodo de la bonificación disfrutado por la empresa por dicho trabajador.

La norma introduce otros incentivos para los contratos formativos que se hagan con jóvenes de la garantía juvenil. Así, en el contrato de formación y aprendizaje se prevé que, para los beneficiarios de la garantía juvenil, la cuantía máxima de las bonificaciones por la actividad formativa pueda elevarse a través de la modificación de su regulación. Igualmente, se tendrán en cuenta en el incentivo los costes inherentes de la necesidad de disponer de un tutor.

En el contrato de prácticas, que actualmente cuenta con una reducción del 50% en las cotizaciones por contingencias comunes, se incorpora, para los beneficiarios de la garantía juvenil, una bonificación adicional del 50% en las cotizaciones de la empresa a la Seguridad Social por continencias comunes. De esta forma, el incentivo será del 100% cuando las empresas contraten a los jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil.

Además, en lo que se refiere al contrato a tiempo parcial con vinculación formativa, la reducción de cotizaciones empresariales vigente actualmente para la contratación de parados menores de 30 años, se extiende a los beneficiarios de la garantía juvenil.


Registro telématico

La norma crea el fichero del 'Sistema Nacional de Garantía Juvenil', que será el sistema oficial de información de la implementación de esta medida en España, lista única de demanda y el soporte para la inscripción de las personas interesadas. El fichero tendrá naturaleza administrativa y será la herramienta de seguimiento de las acciones y programas del sistema y de la evaluación de los resultados alcanzados.

La inscripción en este registro será telemática, a través de identificación electrónica (DNI electrónico, Certificado electrónico u otros medios reconocidos) y con usuario y contraseña, si bien para los supuestos de personas en riesgo de exclusión social y/o discapacidad se podrá solicitar la inscripción de forma presencial.

Para inscribirse en el registro de garantía juvenil, así como para ser beneficiario de alguna de las medidas, será necesario tener entre 16 y 25 años (menos de 30 años con grado de discapacidad igual o superior al 33%); tener la nacionalidad española o ser ciudadano de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España; estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional; no haber trabajado en los últimos 30 días, ni recibido acciones educativas en los últimos 90 días ni acciones formativas en los 30 días anteriores, y adquirir un compromiso de participación activa.

También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar.
Por su parte, el Portal de Garantía Juvenil será el punto de encuentro entre los jóvenes, las administraciones, las empresas y todas las entidades que participan en la gestión del sistema. En él, los jóvenes dispondrán de toda la información relativa a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven y la propia garantía juvenil.

La ministra ha explicado que a partir de la próxima semana se habilitará un servicio de información telefónica (060) y que se está trabajando con el Injuve para dar información presencial a los jóvenes sobre el sistema de garantía juvenil a través de su red de 3.000 oficinas.
Para garantizar la integridad en su aplicación y la necesaria coordinación entre todos los agentes implicados, se dispondrá, por primera vez, de un sistema informático de información y gestión compartida que permitirá evaluar las políticas públicas de empleo. En él estarán integrados la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal, las comunidades autónomas y el Fondo Social Europeo, entre otros.

 

Los cántabros dedican más de medio año de trabajo a pagar sus impuestos

188 días. 4.512 horas. 264.960 minutos. 16.243.200 segundos. O lo que es lo mismo, más de medio año (el 51,1%) es el tiempo que, según el ‘think tank’ (grupo de expertos) Civismo, necesita un cántabro para cumplir con sus obligaciones tributarias. Durante este tiempo, los cántabros no trabajan para tener casa, alimentarse o disfrutar de su tiempo libre, sino para generar los ingresos suficientes con los que pagar impuestos.

Según esos mismos cálculos, desde el 1 de enero hasta el próximo lunes, día 7 de julio, los cántabros habrán trabajado íntegramente para el Estado. A partir del lunes, «el día de la liberación fiscal» según denominación del gabinete navarro, los cántabros empiezan a ganar dinero para sí mismos.
Cantabria y Cataluña son las dos comunidades autónomas conmayor esfuerzo fiscal, de manera que para un ciudadanomedio vivir en estos territorios «costaría nueve días más de trabajo al año y 737 euros extra en comparación con un residente del País Vasco». Y ello porque en estas dos autonomías el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) está «muy por encima» de la media. Además, «el Impuesto de Circulación, el de Venta Minorista de Hidrocarburos y el Impuesto sobre la Renta también son generalmente más elevados en estas dos comunidades», de acuerdo con el análisis realizado por Civismo, de orientación liberal.

Según los cálculos del informe, un trabajador cántabro con un sueldo medio de 24.400 euros brutos al año destinaría 103 días a pagar las cotizaciones a la Seguridad Social, 42 días a pagar el IRPF, 26 el IVA, 12 a impuestos especiales y cinco a otros impuestos. En total, dedicaría 188 días de su trabajo (15.988 euros) a pagar a la Administración, y tan solo 177 para sí mismo.

Recomendaciones a Cantabria

El informe, que incluye una serie de recomendaciones a cada comunidad autónoma, aconseja a Cantabria reducir el tipo máximo autonómico del IRPF del 24,5% al 21,5%. El presidente Ignacio Diego ya anunció en el último debate sobre el estado de la región una reducción de este impuesto. «Cantabria será la comunidad con el IRPF más bajo», dijo entonces. Además, el grupo de expertos estima que Cantabria «debería deflactar la tarifa del IRPF y aumentar los mínimos familiares para impedir que el contribuyente pague más sin haber aumentado su poder adquisitivo. «Si el IRPF no se actualiza al IPC, se produce una subida fiscal silenciosa», alerta el grupo de expertos.
En su propuesta, sugieren además derogar el céntimo sanitario, medida que Diego también anunció en el debate parlamentario, y el Impuesto sobre Patrimonio. La institución lanza una última recomendación para el Ayuntamiento de Santander, al que advierte de la conveniencia de «bajar aún más el IBI, ya que sigue teniendo una cuotamuy elevada».

Impuestos y gasto público

El estudio sitúa lamedia española en 184 días de salario anual a pagar impuestos, lo que implica que desde el 1 de enero hasta el 3 de julio de cada año los contribuyentes españoles habrán trabajado íntegramente para el Estado,mientras que el pasado año la media fue de 130 días.
El Día de la Liberación Fiscal, que Civismo calcula desde hace seis años, tiene en cuenta lo que se abona por el IRPF, las cotizaciones a la Seguridad Social, el Impuesto de Patrimonio, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el de Circulación, los impuestos especiales (alcohol, tabaco, electricidad, hidrocarburos, etc.), el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y muchos otros.

La autora del estudio, Cristina Berechet, aseguró en la presentación del informe que «no se nos engañe, estamos pagando muchos más impuestos que hace cuatro años y no van a pagar sanidad o educación, sino a engordar el gasto público». La experta semostró convencida de que es ese gasto el que debe reducirse, ya que España es uno de los países europeos con mayor presión fiscal, y con las cotizaciones más altas a la Seguridad Social.