lunes, 7 de julio de 2014

El Gobierno obliga a Santander a regular la apertura de comercios en domingos

El Ayuntamiento tiene seis meses para decidir en qué zonas y en qué épocas del año aplica la medida

Con la declaración de Santander como ‘zona de gran afluencia turística’, aprobada ayer por el Consejo de Ministros, llegará a la ciudad la liberación del horario comercial, ansiada por las grandes superficies y rechazada por el pequeño comercio. El Ayuntamiento, obligado ahora a regular la apertura en domingos y festivos, tiene seis meses para decidir en qué áreas de la urbe y en que épocas del año aplicará la medida. Si vence ese plazo sin que haya presentado su propuesta al Gobierno regional, que debe autorizarla, la libertad de horario será automática en todo el municipio. SANTANDER. El Gobierno central ha incluido a Santander entre las nuevas zonas de gran afluencia turística, catalogación que obliga a establecer áreas con libertad de horarios comerciales. Cierra así, al menos en parte, un debate abierto en la capital de Cantabria desde hace varios años y satisface una vieja aspiración de las grandes superficies.

 En medio año estará aplicada la norma; se habrá decidido dónde y cuándo se pueden abrir las tiendas libremente. A partir de ahora, Santander tiene la obligación de determinar en qué áreas y durante qué épocas del año los comerciantes podrán abrir libremente sus establecimientos, independientemente de si el día es o no festivo y el tamaño de sus tiendas. El Ejecutivo establece un plazo de seis meses para que los ayuntamientos declarados zonas de gran afluencia turística regulen su adaptación a la norma. De no hacerlo, la liberalización del horario comercial será automática en todo el municipio.

Pero la decisión del Gobierno central deja al Ayuntamiento santanderino ante una incómoda tarea. La Corporación está obligada ahora a cumplir con las directrices marcadas por Madrid y a apaciguar el ánimo del pequeño comercio, que lleva años manifestándose en contra de la libertad de horarios. Íñigo de la Serna, que hasta el momento ha eludido la polémica, se verá forzado a sentarse con los representantes de los dos bandos de esta ya vieja contienda –comercio tradicional y grandes superficies– y tratar de contentar a ambos sin desobedecer las órdenes del Gobierno.

De momento, el alcalde aseguró ayer a este periódico que el Ayuntamiento cumplirá lo que marque la ley. «Antes había un debate abierto y ahora hay una norma que cumplir», se limitó a decir.
Cuando hace un año la Asociación de Grandes Empresas de Distribución (Anged) dio un paso al frente y le pidió que reclamara que Santander fuera considerada zona de gran afluencia turística, la respuesta airada del comercio tradicional llevó al alcalde a convocar a las partes a una mesa de diálogo que nunca llegó a celebrarse. La decisión del Gobierno, cierra la puerta a aquel debate y marca al Ayuntamiento un rumbo ahora obligado por la ley estatal.
Ante este nuevo escenario, el pequeño comercio dice no estar dispuesto a dar un paso en falso. Coercán (Federación del Comercio de Cantabria) dijo que está pendiente de sentar el próximo lunes a la misma mesa a todas las voces que representan al pequeño comercio para consensuar una postura que luego pondrán sobre la mesa del alcalde.

Sea como fuera, el Ayuntamiento tiene que tomar una decisión rápida y establecer qué zonas y en qué meses se liberalizará el horario, porque las Comunidades Autónomas deberán declarar, en ese plazo de seis meses, las áreas de su ámbito territorial .
En el Gobierno, a la espera de conocer en detalle la decisión del Consejo de Ministros, ya adelantan que cumplirán con su deber. «El Ayuntamiento de Santander hará una propuesta que se tramitará vía Gobierno regional. Se valorará y, si se cumple lo establecido, se aprobará», afirmó el consejero de Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti.


Quienes no han dudado en hacer pública su satisfacción son los representantes de las grandes empresas de distribución. Agrupados en torno a Anged, el sector valoró ayer muy positivamente la decisión del Consejo de Ministros. Esta medida, aseguran, impulsará la libertad de empresa y de horarios de apertura del comercio y, por consiguiente, permitirá aprovechar todas las oportunidades de generación de ingresos y empleo que ofrecen los 60 millones de turistas que visitan España todos los años.

En Santander, este colectivo dejó sobre la mesa del alcalde su propuesta hace ya un año. Cree que el sector comercial de la ciudad puede generar cientos de nuevos puestos de trabajo si dispone de libertad para abrir fines de semana y domingos y festivos durante los meses de verano. Anged presentó su solicitud a los responsables municipales asegurando que la liberalización de horarios podría suponer la creación de entre 500 y 700 nuevos empleos, sin contar el impulso indirecto sobre otros sectores, como la restauración, el ocio, la hostelería o los ser vicios.
Cuentas hechas a partir de la experiencia de otras ciudades, como Valladolid, y aliñadas con datos oficiales: Santander recibe un millón de visitantes al año y el 60% de ellos, según datos del Instituto de Estudios Turísticos, son viajeros de finde semana y concentran principalmente sus estancias en verano.

El texto establece la declaración de todo el municipio como zona de gran afluencia turística en caso de que no se delimiten las áreas antes de medio año. El Gobierno puso en marcha el decreto sobre las zonas de gran afluencia turística en 2012, pero su aplicación no ha sido igual en las catorce ciudades que hasta ayer tenían esa denominación. La legislación ha chocado en muchos casos con políticas comerciales o regionales, con intereses de sectores contrarios a la medida y de mucho peso en algunos municipios españoles. De hecho, en algunos la aplicación de la norma ha supuesto más de un quebradero de cabeza para sus alcaldes. En Barcelona, el Consistorio solo permite la apertura en zonas turísticas en verano y a horas concretas por la oposición de parte del comercio tradicional a la medida. También en Valencia ha habido conflictos entre municipios y distintas zonas de la ciudad, que consideran injusto el reparto de libertad horaria. Una polémica que todavía hoy sigue viva.

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