Cantabria no ha retirado aún la tarjeta sanitaria a los
extranjeros en situación irregular por "discrepancias" entre sus datos y
los remitidos por el Ministerio de Sanidad, aunque espera llevar a cabo
esta medida, que debía aplicarse el 1 de septiembre, "a lo largo de la
semana".
Así lo ha asegurado hoy la consejera de Sanidad y
Servicios Sociales y vicepresidenta cántabra, María José Sáenz de
Buruaga, antes de participar en un curso sobre protección jurídica al
consumidor, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y al que
también acude la secretaria general de Sanidad del Ministerio, Pilar
Farjas.
A la pregunta de los periodistas sobre cómo facturará la
comunidad autónoma el pago de la sanidad pública a aquellas personas que
no van a tener cobertura sanitaria, Sáenz de Buruaga ha querido aclarar
que en Cantabria "no se ha procedido aún a dar de baja las tarjetas",
debido -ha explicado- a que existen "discrepancias no menores" entre los
datos facilitados por el Ministerio y los que tiene la región.
La
consejera ha insistido en que los trabajadores del Servicio Cántabro de
Salud han trabajado "muy intensamente" para aplicar esta medida a partir
del 1 de septiembre, tal y como fija el decreto que recoge la
retirada de la cobertura sanitaria a los ciudadanos en situación
irregular en el país.
Sin embargo, dos días después de la entrada en vigor del
decreto, ha asegurado que Cantabria no aplica todavía la medida y no
cuenta "con una foto de situación de la comunidad autónoma", porque
quiere -ha afirmado la consejera- "evitar perjuicios y daños a las
personas en un tema tan sensible como este".
Sáenz de Buruaga ha dicho que la retirada de la tarjeta sanitaria se irá aplicando "a lo largo de la semana", siempre que se "resuelvan las discrepancias" y
después de recabar más información, y ha señalado que, posteriormente,
se darán los datos sobre el número de personas a las que afecta la
medida y cómo se aplicará.
"La finalidad de esta medida no es excluir a nadie del
sistema sanitario, si no blindar el sistema de los abusos, converger con
Europa y garantizar su sostenibilidad", ha apostillado la titular
cántabra de Sanidad.
En este sentido, ha afirmado que Cantabria prestará
asistencia sanitaria a todos los extranjeros que "lo necesitan, tanto en
atención primaria, en los centros de salud, como en atención
hospitalaria" y, por ello, ha dicho que los facultativos no van a tener
que verificar si la persona a atender "tiene tarjeta o derecho" a
recibir asistencia.
Sáenz de Buruaga ha insistido en que Cantabria "aplicará la legislación" sobre las personas que no estén aseguradas y
cobrará la asistencia sanitaria a estas personas, pero no lo hará en el
caso de las embarazadas, los menores de 18 años, o a aquellas personas
que acudan a un centro de salud por una urgencia.
En esos casos, según la consejera, la factura de esas
personas se registrará y, "si en algún momento es posible suscribir un
convenio con su país, se procederá a su cobro".
Mientras no exista ese acuerdo con los países de origen
de los extranjeros atendidos en Cantabria , la consejera ha afirmado que
la factura se costeará con "cargo al sistema sanitario público".
"Igual en el caso de la prevención y el tratamiento de
todas aquellas enfermedades infecciosas y transmisibles", ha añadido la
consejera, quien ha sumado también, a esos casos, a las personas que
están bajo un tratamiento por enfermedad crónica en Cantabria
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