El Gobierno sigue preparando la ley de emprendedores. En ella se "liberará de cargas" a los autónomos que inicien una segunda actividad tras registrar un primer fracaso empresarial. En concreto, estudia hacer inembargable un mínimo de renta (que podría ser equivalente al salario mínimo interprofesional) y la vivienda habitual del autónomo emprendedor.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, avanzó
ayer que la futura ley de emprendedores que está preparando el Gobierno
regulará la segunda oportunidad para los empresarios que fracasen en una
primera actividad empresarial.
En concreto, explicó que "para aquellos emprendedores que no hayan tenido éxito por la coyuntura económica y no por su culpa en la primera iniciativa, deben poder liberarse de las cargas de esa primera actuación para poder continuar con su espíritu emprendedor.
Esta liberación de cargas podría consistir en establecer como inembargable un mínimo de las futuras rentas del autónomo en su nueva iniciativa empresarial. El Gobierno está estudiando que dicho límite pudiera ser el equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI), que este año asciende a 641 euros mensuales. De esta forma, la ley los equipararía con los asalariados.
Además, según esta futura ley, en estos casos tampoco podría embargarse el domicilio familiar y/o habitual del emprendedor, tal y como anunció el miércoles el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.
Una tercera medida que podría incluirse en esta ley de emprendedores que prepara el Ejecutivo consistiría en incluir a los autónomos que son personas físicas entre los primeros en cobrar en los concursos de acreedores, lo que se conoce como orden de prevalencia en el cobro de créditos. Actualmente, los primeros en cobrar son los trabajadores, luego Hacienda y la Seguridad Social y después los autónomos dependientes, bancos y grandes empresas.
La medida que estudia el Ejecutivo, a propuesta de ATA, consiste en incluir a los citados autónomos que no tienen ninguna sociedad al mismo nivel que los autónomos dependientes.
Según Amor, es necesario situar a los trabajadores por cuenta propia por delante de las grandes empresas en este orden de cobro, porque estos no tienen los mismos recursos legales que las compañías de mayor tamaño para reclamar las deudas.
Capital semilla por 40 millones
Sáenz de Santamaría, que anunció la regulación de estas segundas oportunidades durante su intervención en el Foro Spain Startup & Investor Summit, también adelantó a los asistentes la creación de un fondo de inversión para emprendedores de 40 millones de euros destinado al capital semilla; que se canalizará a través de la empresa pública Enisa, dependiente de la dirección general de Pymes del Ministerio de Industria.
Según explicó la portavoz del Ejecutivo, el objetivo de este proyecto -que se denominará Spain Startup Investment Fund y se enmarcará en la ley de emprendedores- será apoyar a las nuevas pymes. Para ello Enisa, que en la actualidad cuenta ya con un presupuesto de 100 millones de euros para este año, cofinanciará junto a "socios e inversores seleccionados" a empresas de reciente creación a través de créditos participativos.
En definitiva, Sáenz de Santamaría insistió en la idea de que el Gobierno prepara "una alfombra roja para los emprendedores por parte de las Administraciones públicas". En este contexto, anunció también que se facilitará a las pymes el acceso a las compras públicas aplicando del código de buenas prácticas de la Unión Europea. Lo que no está claro aún es cuándo estará lista esta ley de emprendedores, que estaba prevista para junio, pero podría retrasarse hasta después del verano, según las fuentes consultadas.
La tercera reforma
Los autónomos se mostraron ayer esperanzados en que "la tercera reforma financiera del Gobierno garantice que fluya el crédito de una vez". En este sentido, ATA recordó que la inversión media inicial para poner en marcha un negocio está entre 6.000 y 8.000 euros.
En concreto, explicó que "para aquellos emprendedores que no hayan tenido éxito por la coyuntura económica y no por su culpa en la primera iniciativa, deben poder liberarse de las cargas de esa primera actuación para poder continuar con su espíritu emprendedor.
Esta liberación de cargas podría consistir en establecer como inembargable un mínimo de las futuras rentas del autónomo en su nueva iniciativa empresarial. El Gobierno está estudiando que dicho límite pudiera ser el equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI), que este año asciende a 641 euros mensuales. De esta forma, la ley los equipararía con los asalariados.
Además, según esta futura ley, en estos casos tampoco podría embargarse el domicilio familiar y/o habitual del emprendedor, tal y como anunció el miércoles el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.
Una tercera medida que podría incluirse en esta ley de emprendedores que prepara el Ejecutivo consistiría en incluir a los autónomos que son personas físicas entre los primeros en cobrar en los concursos de acreedores, lo que se conoce como orden de prevalencia en el cobro de créditos. Actualmente, los primeros en cobrar son los trabajadores, luego Hacienda y la Seguridad Social y después los autónomos dependientes, bancos y grandes empresas.
La medida que estudia el Ejecutivo, a propuesta de ATA, consiste en incluir a los citados autónomos que no tienen ninguna sociedad al mismo nivel que los autónomos dependientes.
Según Amor, es necesario situar a los trabajadores por cuenta propia por delante de las grandes empresas en este orden de cobro, porque estos no tienen los mismos recursos legales que las compañías de mayor tamaño para reclamar las deudas.
Capital semilla por 40 millones
Sáenz de Santamaría, que anunció la regulación de estas segundas oportunidades durante su intervención en el Foro Spain Startup & Investor Summit, también adelantó a los asistentes la creación de un fondo de inversión para emprendedores de 40 millones de euros destinado al capital semilla; que se canalizará a través de la empresa pública Enisa, dependiente de la dirección general de Pymes del Ministerio de Industria.
Según explicó la portavoz del Ejecutivo, el objetivo de este proyecto -que se denominará Spain Startup Investment Fund y se enmarcará en la ley de emprendedores- será apoyar a las nuevas pymes. Para ello Enisa, que en la actualidad cuenta ya con un presupuesto de 100 millones de euros para este año, cofinanciará junto a "socios e inversores seleccionados" a empresas de reciente creación a través de créditos participativos.
En definitiva, Sáenz de Santamaría insistió en la idea de que el Gobierno prepara "una alfombra roja para los emprendedores por parte de las Administraciones públicas". En este contexto, anunció también que se facilitará a las pymes el acceso a las compras públicas aplicando del código de buenas prácticas de la Unión Europea. Lo que no está claro aún es cuándo estará lista esta ley de emprendedores, que estaba prevista para junio, pero podría retrasarse hasta después del verano, según las fuentes consultadas.
La tercera reforma
Los autónomos se mostraron ayer esperanzados en que "la tercera reforma financiera del Gobierno garantice que fluya el crédito de una vez". En este sentido, ATA recordó que la inversión media inicial para poner en marcha un negocio está entre 6.000 y 8.000 euros.
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