El nuevo contrato indefinido para emprendedores que
se crea con la reforma laboral estará vinculado a la existencia de una
tasa de paro superior al 15%, según consta en una de las enmiendas
transaccionales que ha ofrecido el PP para su aprobación este jueves en
la Comisión de Empleo del Congreso.
Según las enmiendas, que recoge Europa Press, el Gobierno vinculará finalmente el contrato indefinido para emprendedores y empresas de hasta 50 trabajadores a que el paro en España supere el 15%, además de aceptar la petición de CiU de que, cuando se cumpla un año de la entrada en vigor de la reforma, se publique un informe de evaluación donde se analice el impacto de las medidas adoptadas en los datos de empleo, paro o temporalidad.
Entre las características de este contrato, la más criticada por las organizaciones sindicales es el establecimiento de un periodo de prácticas de un año.
Además, mediante acuerdo con los nacionalistas catalanes, el Gobierno deberá redactar durante la segunda mitad de este ejercicio un informe sobre los procesos de regulación de las empleadas del hogar que han tenido lugar desde la entrada en vigor de la normativa para regularizar este servicio, proponiendo fórmulas de simplificación de los trámites y de posibles mejoras en las cotizaciones.
También se modifica finalmente el criterio de despido por absentismo, ampliando el cómputo de las faltas al 5% de las jornadas hábiles anuales y excluyendo a los enfermos de cáncer, graves o crónicos.
Nuevas bonificiaciones
Con el trámite de enmiendas, la reforma laboral incluirá nuevas bonificaciones por contratación, más allá de las ya anunciadas para el contrato de emprendedores. Así, los familiares de trabajadores autónomos o por cuenta propia que se den de alta en el RETA para poder colaborar en dichas actividades gozarán de una bonificación del 50% de la cuota de la Seguridad Social durante los primeros 18 meses de actividad.
En la misma línea, y también a instancias de CiU, los empleados del sector turístico, comercio y hostelería que mantengan los contratos fijos discontinuos durante los meses de marzo y noviembre podrán beneficiarse de bonificaciones del 50% en las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes, la recaudación conjunta de desempleo, el FOGASA y la aportación a la formación profesional. Esta medida se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2013 y, posteriormente, se evaluará su eficacia antes de decidir si se prorroga.
Para promover la contratación de calidad a personas con discapacidad, el PP ha propuesto a la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el PNV, CiU y el PSOE la presentación, antes de un año, de un proyecto de ley de Promoción de la Inclusión Laboral del colectivo.
Además, se dará prioridad a estos trabajadores, así como a las víctimas de terrorismo o violencia doméstica, para acceder a puestos de trabajo de la misma empresa en otras localidades, y se permitirá a las comunidades autónomas hacer acciones de políticas activas de empleo adaptadas a los discapacitados o a los tejidos productivos de cada región con cargo a los fondos estatales, siempre y cuando estas iniciativas se enmarquen en los objetivos del Plan Anual Estatal de Empleo.
El Gobierno regulará asimismo un "nuevo marco de medidas estatales para favorecer la inclusión de discapacitados" y también deberá presentar una memoria sobre el gasto y resultados de las políticas activas de empleo, incluyendo un apartado de evaluación de la mejora del procedimiento de la formación en cuanto a la reducción de las cargas burocráticas, las rigideces del sistema y la incorporación de las pymes, ambas cosas a propuesta de CiU. CONCESIONES A CiU
Entre las iniciativas acordadas con los nacionalistas catalanes, también figuran que en el diseño del sistema de formación profesional para el empleo se tendrá en cuenta las necesidades de autónomos y de la economía social, la clarificación de todo el proceso de recurso cuando no se llega a acuerdos en convenios colectivos, o la aprobación antes de enero de 2012 de un proyecto de ley que actualice y revise la Ley para la Regulación del Régimen de las empresas de inserción.
También se garantiza la participación de los servicios públicos de empleo autonómicos en la actividad formativa de los contratos de aprendizaje, y se precisa que los sindicatos deben tener una "implantación suficiente" para poder impugnar un despido colectivo por causas objetivas.
Asimismo, el PP ha ofrecido a CiU y el BNG doblar hasta el 10% las horas de jornada laboral que se pueden distribuir de manera irregular a lo largo del año y promover la jornada continuada o el horario flexible para mejorar la productividad y fomentar la conciliación.
También ha propuesto a CiU y UPyD que las horas de formación para el empleo se puedan acumular hasta cinco años y no que no se pueda computar en este derecho la formación que deba impartir obligatoriamente la empresa para cumplir otras leyes.
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