miércoles, 30 de mayo de 2012

CANTABRIA: El céntimo sanitario entra en vigor el viernes 1 de Junio

El viernes, primer día de junio, entrarán en vigor las principales medidas que componen el Plan de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de Cantabria, aprobado ayer a través de una ley por el Parlamento regional.


El Parlamento aprueba la ley que regulará el plan de ajuste tras rechazar todas las enmiendas de la oposición

La gasolina subirá 4,8 céntimos por litro, el máximo gravamen que pueden aplicar las autonomías a los hidrocarburos. El Gobierno espera recaudar por el denominado céntimo sanitario 20,9 millones cada año. Quedarán exentos colectivos profesionales como los transportistas y los taxistas, que deberán reclamar la devolución cada tres meses.

Tanto socialistas como regionalistas protestan porque el impuesto perjudica por igual a todo el mundo, sin atender a sus ingresos.

sábado, 26 de mayo de 2012

Las licencias de apertura desaparecen para comercios de menos de 300 metros

El Gobierno busca facilitar la creación de nuevos establecimientos eliminando trabas municipales. El plazo de apertura podría reducirse a 15 días, ya que bastará con una declaración del emprendedor, un informe técnico y el pago de las tasas.

 
 
El Gobierno acabó ayer de un plumazo con el sistema de licencias municipales de apertura de comercios, en vigor desde 1955. En adelante, ningún comercio de menos de 300 metros cuadrados necesitará una licencia previa para poder iniciar su actividad. Bastará una declaración responsable del emprendedor y un informe técnico que certifique que el establecimiento cumple todas las ordenanzas municipales, así como el pago de las correspondientes tasas municipales.
 
El objetivo del decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros es liquidar un proceso burocrático que provocaba importantes dilaciones en las aperturas (de media entre seis meses y dos años, según el Ministerio de Economía). Tardanzas que, según ese departamento, acarreaban costes adicionales para los emprendedores, que tenían que sumar a la inversión en reformas o acondicionamiento del local las pérdidas derivadas de no poder abrir por falta de permisos pero sí tener que pagar el alquiler o las cuotas de la hipoteca. Para un comercio de 50 metros cuadrados, Economía estima ese sobrecoste por demoras en entre 50.000 y 132.000 euros por año, según la ciudad y la zona de ubicación de la tienda.
 
Inspecciones posteriores 
 
A partir de la publicación en el BOE de la normativa, el comerciante sólo estará obligado a entregar a su ayuntamiento una declaración responsable en la que asegure cumplir todos los requisitos exigibles para desarrollar su actividad. Tendrá que ir acompañada de un justificante que acredite el pago de las correspondientes tasas municipales y de un informe de un profesional competente que acredite que el local es apto para el negocio que se va a emprender y que cumple la normativa local, por ejemplo en materia de higiene y seguridad. «En cuestión de 15 días el local podrá estar abierto», apunta el Gobierno.
 
El texto establece, no obstante, una serie de controles a posteriori. Faculta al ayuntamiento para verificar el cumplimiento estricto de la legalidad, para realizar inspecciones del negocio e incluso establecer sanciones, si fuera necesario. El decreto introduce, además, facilidades para la colaboración entre los consistorios y empresas privadas en lo concerniente a las tareas de comprobación de requisitos, verificación, inspección y control. El Gobierno confía en que la obligación de pagar de forma anticipada las tasas municipales de apertura supondrá una fuente de ingresos importante para muchos ayuntamientos.
 
La norma está dirigida sólo a empresas del comercio minorista, con establecimiento permanente cuyo umbral de superficie de venta no supere los 300 metros cuadrados. Su ámbito de actuación se extiende a actividades como alimentación, frutería, carnicería, charcutería, pescadería, panadería, parafarmacia, textil, confección, equipamiento de hogar, electrónica, muebles, materiales de construcción, ferretería, calzado y otras.
 
Bares y hostelería, excluidos 
 
Quedan excluidos los bares y la hostelería (que seguirán necesitando licencia previa por razones de aforo, seguridad y para poder certificar el cumplimiento de requisitos más específicos como disponer de salidas de humos). El decreto también deja fuera las actividades que tengan impacto justificado y proporcionado en el patrimonio artístico (locales en determinados edificios históricos) y que supongan la ocupación de bienes de servicio público (por ejemplo, la instalación de terrazas).
 
Los establecimientos que ya hayan solicitado con anterioridad una licencia podrán optar por acogerse de inmediato al nuevo régimen o por dar continuidad a los expedientes ya iniciados. Los cambios de titularidad de actividades comerciales y de servicios comprendidos en la norma tampoco requerirán de licencia previa, de acuerdo con la nueva normativa.

El contrato para emprendedores, con despido sin indemnización el primer año, se hace transitorio

El nuevo contrato indefinido para emprendedores que se crea con la reforma laboral estará vinculado a la existencia de una tasa de paro superior al 15%, según consta en una de las enmiendas transaccionales que ha ofrecido el PP para su aprobación este jueves en la Comisión de Empleo del Congreso.
 
En total, el Grupo Popular ha presentado un total de 27 enmiendas de nueva redacción. Todas ellas podrán incorporarse al texto porque, o bien han sido pactadas con CiU, o bien se incorporan como modificación de las enmiendas iniciales del PP.

Según las enmiendas, que recoge Europa Press, el Gobierno vinculará finalmente el contrato indefinido para emprendedores y empresas de hasta 50 trabajadores a que el paro en España supere el 15%, además de aceptar la petición de CiU de que, cuando se cumpla un año de la entrada en vigor de la reforma, se publique un informe de evaluación donde se analice el impacto de las medidas adoptadas en los datos de empleo, paro o temporalidad.

Entre las características de este contrato, la más criticada por las organizaciones sindicales es el establecimiento de un periodo de prácticas de un año.

Además, mediante acuerdo con los nacionalistas catalanes, el Gobierno deberá redactar durante la segunda mitad de este ejercicio un informe sobre los procesos de regulación de las empleadas del hogar que han tenido lugar desde la entrada en vigor de la normativa para regularizar este servicio, proponiendo fórmulas de simplificación de los trámites y de posibles mejoras en las cotizaciones.

También se modifica finalmente el criterio de despido por absentismo, ampliando el cómputo de las faltas al 5% de las jornadas hábiles anuales y excluyendo a los enfermos de cáncer, graves o crónicos.

Nuevas bonificiaciones

Con el trámite de enmiendas, la reforma laboral incluirá nuevas bonificaciones por contratación, más allá de las ya anunciadas para el contrato de emprendedores. Así, los familiares de trabajadores autónomos o por cuenta propia que se den de alta en el RETA para poder colaborar en dichas actividades gozarán de una bonificación del 50% de la cuota de la Seguridad Social durante los primeros 18 meses de actividad.

En la misma línea, y también a instancias de CiU, los empleados del sector turístico, comercio y hostelería que mantengan los contratos fijos discontinuos durante los meses de marzo y noviembre podrán beneficiarse de bonificaciones del 50% en las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes, la recaudación conjunta de desempleo, el FOGASA y la aportación a la formación profesional. Esta medida se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2013 y, posteriormente, se evaluará su eficacia antes de decidir si se prorroga.

Para promover la contratación de calidad a personas con discapacidad, el PP ha propuesto a la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el PNV, CiU y el PSOE la presentación, antes de un año, de un proyecto de ley de Promoción de la Inclusión Laboral del colectivo.

Además, se dará prioridad a estos trabajadores, así como a las víctimas de terrorismo o violencia doméstica, para acceder a puestos de trabajo de la misma empresa en otras localidades, y se permitirá a las comunidades autónomas hacer acciones de políticas activas de empleo adaptadas a los discapacitados o a los tejidos productivos de cada región con cargo a los fondos estatales, siempre y cuando estas iniciativas se enmarquen en los objetivos del Plan Anual Estatal de Empleo.

El Gobierno regulará asimismo un "nuevo marco de medidas estatales para favorecer la inclusión de discapacitados" y también deberá presentar una memoria sobre el gasto y resultados de las políticas activas de empleo, incluyendo un apartado de evaluación de la mejora del procedimiento de la formación en cuanto a la reducción de las cargas burocráticas, las rigideces del sistema y la incorporación de las pymes, ambas cosas a propuesta de CiU. CONCESIONES A CiU

Entre las iniciativas acordadas con los nacionalistas catalanes, también figuran que en el diseño del sistema de formación profesional para el empleo se tendrá en cuenta las necesidades de autónomos y de la economía social, la clarificación de todo el proceso de recurso cuando no se llega a acuerdos en convenios colectivos, o la aprobación antes de enero de 2012 de un proyecto de ley que actualice y revise la Ley para la Regulación del Régimen de las empresas de inserción.

También se garantiza la participación de los servicios públicos de empleo autonómicos en la actividad formativa de los contratos de aprendizaje, y se precisa que los sindicatos deben tener una "implantación suficiente" para poder impugnar un despido colectivo por causas objetivas.

Asimismo, el PP ha ofrecido a CiU y el BNG doblar hasta el 10% las horas de jornada laboral que se pueden distribuir de manera irregular a lo largo del año y promover la jornada continuada o el horario flexible para mejorar la productividad y fomentar la conciliación.

También ha propuesto a CiU y UPyD que las horas de formación para el empleo se puedan acumular hasta cinco años y no que no se pueda computar en este derecho la formación que deba impartir obligatoriamente la empresa para cumplir otras leyes.

viernes, 25 de mayo de 2012

¿Conviene sacar el dinero de los bancos?

No hay peligro de "corralito" financiero ni de que quiebre un banco español, a pesar de la incertidumbre que ha generado la nacionalización de Bankia entre los ahorradores

La economía, el mercado de deuda y la bolsa española no dejan de dar sustos. La famosa prima de riesgo ha alcanzado los 500 puntos básicos, lo que implica que el Estado español paga 5 puntos porcentuales más que Alemania por colocar sus activos de deuda. La Bolsa española se sitúa en mínimos del año 2003 y la economía confirmó su recesión con los datos de decrecimiento del primer trimestre del año (-0,3%). Para el pequeño ahorrador, la consecuencia más negativa de todo esto está en la preocupación y el miedo que se ha generado respecto al dinero que se tiene depositado en los bancos.

 Al igual que ocurrió con las primeras nacionalizaciones de entidades europeas y estadounidenses, la toma de control de Bankia por el Estado, en lugar de inyectar tranquilidad, ha creado una incertidumbre y preocupación inusitadas. Ello ha obligado a los portavoces de varias instituciones a afirmar que no hay peligro de "corralito" financiero. Sin embargo, cuando se empiezan a utilizar estos términos, aunque sea para desmentir la posibilidad de que se llegue a tal escenario, es cuando la desconfianza, el "efecto miedo", incluso el pánico, se desatan. Hoy, las preguntas que circulan a pie de calle son muy numerosas, y en este artículo intentamos resolverlas:

¿Está seguro el ahorro en los bancos españoles? 

En principio, sí. La banca española tiene unos fuertes niveles de solvencia, que es la ratio que mide la capacidad para afrontar situaciones difíciles. Las últimas reformas financieras (hasta la fecha se han realizado cuatro) han obligado a todas las entidades a elevar su capital y sus provisiones para cubrir posibles impagos de créditos inmobiliarios. De momento, ninguna se ha mostrado incapaz de cumplir con las nuevas normativas. El único cambio significativo que ha acontecido en los últimos días ha sido la toma de control de Bankia por parte del Estado. 

La banca española tiene solvencia y no se esperan quiebras en el sistema
Sin embargo, esto no ha supuesto inyección de capital público sino la transformación de un préstamo otorgado por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) en capital. Esto implica que el Estado pasa a convertirse en el accionista mayoritario de Bankia. Desde el propio Ministerio de economía y competitividad han señalado que la nacionalización redunda en una mayor seguridad para el ahorrador. No obstante, en el mercado y en la calle se ha percibido el efecto contrario.  

Muchos ahorradores piensan que si entra el Estado en un banco es porque la salud de la entidad no es buena. Ciertamente, no lo es. Pero eso no implica que vaya a quebrar. No se esperan quiebras en el sistema. 

¿Está quebrado el sistema bancario español? 

El miedo es libre y es uno de los peores enemigos de los bancos, cuyo negocio está asentado en la confianza de sus clientes. En realidad, las entidades solo cuentan con un coeficiente de caja del 1% de todo el dinero que tienen administrado. Es decir, que si comienzan a recibir peticiones por parte de clientes que quieren retirar sus fondos en una proporción superior al 1%, no podrían hacer frente a sus compromisos. 

El porcentaje es pequeño, pero está dentro de lo legal. Está así permitido ya que el negocio de los bancos está, en parte, en maximizar el capital de sus clientes mediante inversiones, prestando a otros bancos, al mercado, a familias... Ni el banco más solvente podría hacer frente a una amplia retirada de fondos de forma abrupta por parte de sus clientes. Un banco, ni en etapas de plena bonanza económica, podría continuar con su actividad si ni siquiera la mitad de sus clientes sacaran sus ahorros en su totalidad. 

Por eso, es importante hacer una llamada a la calma. El ahorro en bancos españoles está protegido. No es buena idea sacar el dinero del banco y recurrir a la tradicional fórmula de guardarlo bajo el colchón. Las garantías en casa son mucho menores a las que ofrecen los bancos. El riesgo de perder poder adquisitivo, sufrir un robo o un incendio que aniquile el ahorro es alto y no estaría cubierto por ningún organismo (ni siquiera los seguros de hogar, a no ser que se actualice su cuantía, cubrirían una hipotética pérdida por incendio o robo). 

¿Qué protecciones presenta el ahorro bancario español? 

El Fondo de garantía de depósitos es la entidad que se encarga de garantizar hasta 100.000 euros por titular y entidad el ahorro bancario. Pero, por encima de esta institución se sitúa el fondo de reestructuración ordenada bancaria, creado con el objetivo de ayudar e inyectar fondos a entidades con problemas. En los últimos años, ha aportado ayudas a nueve entidades (Catalunya Caixa, Bankia, Banco de Valencia, CAM, Novagalicia Banco...). 

Además, en una categoría superior a estas instituciones está el Estado, que en principio haría todo lo posible por garantizar los ahorros de los españoles en caso de necesidad. Y sobre este organismo, previsiblemente el Banco central europeo y el Fondo de Estabilidad Financiera Europeo también tomarían medidas en este sentido. De hecho, esta última organización, con rango comunitario, se creó para ayudar a entidades del viejo continente con problemas. 

El Fondo de Garantía de Depósitos, ¿tiene capital para soportar una quiebra del sistema? 

No. Pero eso tampoco supondría que los ahorradores perderían irremediablemente su dinero. Expertos del IE Business School y diversos economistas estiman que, en caso necesario, España recibirá dinero de Europa, del Banco Central Europeo y del Fondo de Estabilidad Financiera Europea, al igual que ha ocurrido con otros países como Portugal, Irlanda o Grecia. 

En ninguno de estos casos se han producido quiebras bancarias ni ningún ahorrador ha perdido su dinero depositado en cuentas y depósitos. Sí se puede perder si se invierte en productos de riesgo, como la Bolsa, productos estructurados, determinados fondos de inversión y de pensiones...
Si la prima de riesgo alcanza los 700 puntos, el rescate europeo será inmediato
En la actualidad, el Fondo de Garantía de Depósitos cuenta con un capital de poco más de 5.000 millones de euros, lo que, en principio, no alcanzaría ni para cubrir la quiebra de una sola entidad. Desde el IE Business School apuntan que esta cantidad cubre tan solo un 0,3% de todos los depósitos del sistema. Sin embargo, en el hipotético caso de que una entidad quebrara, previsiblemente el Estado se haría cargo de ella y garantizaría los depósitos, al menos, en los 100.000 euros por titular y cuenta. 

¿Puede España ser intervenida? 

Esta posibilidad no se descarta con la misma rotundidad que hace un año. La situación financiera de España es complicada: no se genera nueva riqueza, sino que se destruye y colocar activos de deuda para financiarse es cada vez más caro. Este indicador es fundamental. Las alarmas para los rescates de Portugal, Grecia e Irlanda saltaron, en todos los casos, en el mercado de riesgo. Los expertos apuntan que si la prima de riesgo alcanza los 700 puntos, el rescate europeo (inyección de fondos en la economía española) será inmediato. 

En ese caso, los ahorradores notarán ciertos efectos, como una subida de la inflación y una fuerte pérdida de poder adquisitivo. En realidad, si se inyecta dinero en una economía, es necesario que el Banco Central Europeo cree más dinero, es decir, genere más billetes. Y eso hace que el dinero ya existente valga menos. Sin embargo, un rescate a la economía española no conlleva una quiebra bancaria, ni un "corralito" financiero. 

¿Podemos ver un "corralito" en España? 

No es probable. Para que se produzca un "corralito" financiero es necesario que un Estado (en este caso, el español) prohíba o ponga límites a la retirada de dinero en los bancos. El "corralito financiero" no depende de una decisión privada de cada entidad, sino que es una decisión pública que hoy no se contempla.
Un rescate a la economía española no conlleva una quiebra bancaria, ni un "corralito" financiero
Los expertos estiman que un "corralito" en España generaría un "efecto contagio" en otras economías como la francesa, italiana, alemana e incluso estadounidense que podría derivar en una crisis financiera mundial de muy difícil gestión.
La probabilidad de que se dé en España un "corralito" similar al que se produjo en Argentina es realmente baja. 

¿Qué consejos bancarios dan los expertos? 

Con el miedo en los talones y pese a que, en principio, parece infundado, algunos expertos aconsejan diversificar el ahorro entre entidades. Ahora, no obstante, hay que tener cuidado al seleccionar, ya que las fusiones han anulado las garantías individuales de hasta 100.000 euros que se tenían hasta hace poco. 

Hasta 2010, si un cliente tenía dinero en varias cajas fusionadas mediante sistema SIP (Sistema Institucional de Protección), su ahorro estaba protegido hasta 100.000 euros por cada una de ellas. Sin embargo, el Real Decreto de 2010 obligó a las entidades a traspasar todo su negocio bancario a un banco, que debía ser de nueva creación. Desde entonces, todo el dinero ingresado en un mismo grupo bancario (aunque sea en varias entidades) solo está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 100.000 euros. Es decir, quien tenga dinero en varias cajas que componen Bankia, por ejemplo, únicamente tendrá protegidos hasta 100.000 euros. 

Para quien tenga más de 100.000 euros, lo mejor es apostar por más de un banco para que le gestionen su ahorro. Negociar las comisiones, para que sean las más bajas posibles es otro buen consejo en la actualidad. 

¿Se puede sacar el dinero fuera de España? 

Sí. Hay varias posibilidades para derivar dinero fuera de España dentro de la legalidad. Una de ellas es abrir una cuenta como no residente en una entidad extranjera como, por ejemplo, en Deutsche Bank AG (la matriz del grupo Deutsche Bank alemana). En este caso, no obstante, las comisiones por gestión de cuenta que cobraría la entidad serían abultadas. 

Otra posibilidad es suscribir una SICAV (sociedad de inversión de capital variable) o un fondo domiciliado en Luxemburgo. Esta última opción está cobrando enteros, pero sobre todo entre los grandes patrimonios.

¿Saldrá España de la zona euro? 

No se puede descartar al 100%, pero a día de hoy resulta improbable. Numerosos expertos apuntan que su salida llevaría asociada la ruptura de la moneda única, ya que arrastraría a otros países como Italia o incluso Francia. Algunos expertos estiman que sin España e Italia, la zona euro no tendría sentido. Pese a que han crecido las posibilidades de que Grecia sea expulsada del euro, el peso por PIB de España es muy superior, y a algunos países, como Alemania, no le interesaría que se rompiera la moneda comunitaria, porque eso conllevaría efectos muy negativos para todos los actuales miembros. 

La solución para algunos economistas pasa por conseguir una integración fiscal. Eso evitaría desequilibrios como los actuales, cuando se está viendo la imposibilidad de crecer de algunas economías, como España e Italia, frente a la recuperación de otras, como Alemania, que sí se ha expandido y ha generado riqueza en el primer trimestre de 2012 (su PIB ha crecido un 0,5%).

jueves, 24 de mayo de 2012

El Gobierno prepara una subida sorpresa del IVA de hasta tres puntos antes de 2013


El Gobierno de Mariano Rajoy está decidido a cumplir estrictamente y sin demoras las exigencias de Bruselas para conseguir el apoyo inequívoco de la Unión Europea a las medidas de reforma emprendidas y para intentar apaciguar a los mercados.
Así está el IVA en el resto de Europa: la media, en el 20,9%

Así, el lunes, el ministro Luis de Guindos, accedía a los deseos de Merkel y de la Comisión Europea para que sea el Banco Central Europeo (BCE) quien audite a los bancos españoles. Y, ahora, el propio jefe del Gobierno ha confiado ya a algunos interlocutores de su confianza que el Ejecutivo podría verse obligado a subir dos o tres puntos en el IVA, por sorpresa, sin esperar a 2013, como estaba previsto. 

Concretamente, Rajoy se reunió el pasado fin de semana en privado con el presidente de la CEOE, Juan Rosell. Un encuentro que se celebró en el Palacio de la Moncloa y que se desveló ayer en la reunión de la Junta Directiva de la patronal española que, algunos de los asistentes calificaron como "un funeral" ante el sombrío panorama que los dirigentes del empresariado dibujan sobre nuestra economía.
Y fue ese funeral el escenario que Juan Rosell aprovechó para pedir a la cúpula empresarial un apoyo, sin reservas, a las reformas del Gobierno, a pesar de las posición crítica que CEOE ha mantenido con las subidas de impuestos aprobadas, para el IRPF y Sociedades.

Y fue también en ese mismo funeral en el que algunos de los asistentes cuentan que durante su exposición, el presidente de la patronal comentó que, aunque Rajoy no es partidario de subir el IVA, posiblemente se vea obligado a hacerlo, y por sorpresa. Un comentario este que Rosell, a través de un portavoz, afirmaba no haber dicho, a pesar de que la información coincide con algunos rumores que se habían comentado ya en círculos políticos y empresariales en los días previos a la festividad de San Isidro en Madrid y que apuntaban a que Rajoy no podía esperar a 2013 para incrementar el impuesto. 

Incluso, los más aventurados hablaban del otoño como fecha aproximada del nuevo rejonazo fiscal, para dejar pasar la temporada de verano y evitar el impacto negativo que la subida pudiera tener sobre el turismo, el único motor que sigue tirando de nuestra economía, sobre todo tras los síntomas de estancamiento que aparecen sobre las exportaciones.

Autónomos y pymes

Sí confirmó el máximo responsable de la CEOE que Mariano Rajoy le había confirmado sus asistencia a la Asamblea Nacional de CEOE, prevista para el 25 de junio, mientras que la respuesta de los dirigentes empresariales al llamamiento de respaldo al Ejecutivo no ha tardado mucho en tomar cuerpo. Así, también ayer, el presidente de Cepyme y vicepresidente de la patronal, Jesús Terciado, aseguraba ayer que CEOE "comparte sin duda la necesidad de reducir el gasto público y comprende el drástico ajuste fiscal de carácter transitorio, ya que el objetivo de austeridad es primordial". Además de ratificar su apoyo a la "agresividad transitoria" de las medidas. 

Durante su participación en unas jornadas sobre Presupuestos organizada por PwC y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Terciado reconoció que los empresarios tienen dudas sobre la capacidad de España de cumplir los objetivos de consolidación fiscal pactados con Bruselas, aunque no son partidarios de relajarlos porque eso "nos llevaría a una no deseable prolongación del estado de emergencia en el que nos encontramos". 

Si criticó, en cambio, la amnistía fiscal que, dijo, "sitúa en condiciones ventajosas a una minoría de empresarios que han competido, cuando menos, de manera desleal".
Críticos también y poco esperanzados se muestran los trabajadores autónomos, colectivo en el que un 75,3% del total denuncia que han visto mejorar su negocio durante el primer trimestre, mientras siete de cada diez se muestran pesimistas respecto a la evolución que le espera para el año en curso y sólo dos de cada diez aseguran que tienen previsto contratar algún trabajador.

Estos son los resultados que arroja el último barómetro realizado desde el Observatorio del Trabajo Autónomo de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) que confirma también que el 58,9% de los afiliados a esta organización aprueban las reformas del Gobierno, frente a un 33,1% que consideran que las medidas que se están tomando "no son adecuadas".
Especialmente grave sigue siendo para los autónomos el problema de la falta de crédito, ya que sólo a uno de cada cuatro de los que solicita financiación se la conceden.