El plan para
saldar la deuda con los proveedores ayudará a muchas empresas a salir adelante.
Pero hay letra pequeña. El borrador que el Gobierno ha enviado a las autonomías
deja entrever que los acreedores tendrán que hacer algunas renuncias.
La nueva
macrooperación para saldar las deudas con el sector privado establecerá algunas
obligaciones para los proveedores. La propuesta que el Gobierno ha hecho llegar
a las comunidades autónomas en la reunión que mantuvieron ayer establece que
los acreedores que se beneficien de los préstamos para cobrar las facturas
tendrán que firmar un documento en el que renunciarán a cobrar los intereses,
las costas judiciales y otros gastos accesorios generados por culpa de los
impagos de las administraciones.
Según el
documento que ha enviado el Ejecutivo a las autonomías, "el abono a favor
del proveedor conlleva la extinción de la deuda contraída por la comunidad
autónoma con el mismo por el principal, los intereses, costas judiciales y
cualesquiera otras gastos accesorios. Asimismo señala que "las entidades
de crédito facilitarán a las comunidades autónomas y a los proveedores
documento justificativo del abono, que determinará la terminación del proceso
judicial, si lo hubiere, por satisfacción extraprocesal".
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