CALCULADORA DE COMO QUEDARA SU SUELDO TRAS LA REFORMA FISCAL

CALCULADORA DE COMO QUEDARA SU SUELDO TRAS LA REFORMA FISCAL

El Gobierno obliga a Santander a regular la apertura de comercios en domingos

El Ayuntamiento tiene seis meses para decidir en qué zonas y en qué épocas del año aplica la medida

Con la declaración de Santander como ‘zona de gran afluencia turística’, aprobada ayer por el Consejo de Ministros, llegará a la ciudad la liberación del horario comercial, ansiada por las grandes superficies y rechazada por el pequeño comercio. El Ayuntamiento, obligado ahora a regular la apertura en domingos y festivos, tiene seis meses para decidir en qué áreas de la urbe y en que épocas del año aplicará la medida. Si vence ese plazo sin que haya presentado su propuesta al Gobierno regional, que debe autorizarla, la libertad de horario será automática en todo el municipio. SANTANDER. El Gobierno central ha incluido a Santander entre las nuevas zonas de gran afluencia turística, catalogación que obliga a establecer áreas con libertad de horarios comerciales. Cierra así, al menos en parte, un debate abierto en la capital de Cantabria desde hace varios años y satisface una vieja aspiración de las grandes superficies.

 En medio año estará aplicada la norma; se habrá decidido dónde y cuándo se pueden abrir las tiendas libremente. A partir de ahora, Santander tiene la obligación de determinar en qué áreas y durante qué épocas del año los comerciantes podrán abrir libremente sus establecimientos, independientemente de si el día es o no festivo y el tamaño de sus tiendas. El Ejecutivo establece un plazo de seis meses para que los ayuntamientos declarados zonas de gran afluencia turística regulen su adaptación a la norma. De no hacerlo, la liberalización del horario comercial será automática en todo el municipio.

Pero la decisión del Gobierno central deja al Ayuntamiento santanderino ante una incómoda tarea. La Corporación está obligada ahora a cumplir con las directrices marcadas por Madrid y a apaciguar el ánimo del pequeño comercio, que lleva años manifestándose en contra de la libertad de horarios. Íñigo de la Serna, que hasta el momento ha eludido la polémica, se verá forzado a sentarse con los representantes de los dos bandos de esta ya vieja contienda –comercio tradicional y grandes superficies– y tratar de contentar a ambos sin desobedecer las órdenes del Gobierno.

De momento, el alcalde aseguró ayer a este periódico que el Ayuntamiento cumplirá lo que marque la ley. «Antes había un debate abierto y ahora hay una norma que cumplir», se limitó a decir.
Cuando hace un año la Asociación de Grandes Empresas de Distribución (Anged) dio un paso al frente y le pidió que reclamara que Santander fuera considerada zona de gran afluencia turística, la respuesta airada del comercio tradicional llevó al alcalde a convocar a las partes a una mesa de diálogo que nunca llegó a celebrarse. La decisión del Gobierno, cierra la puerta a aquel debate y marca al Ayuntamiento un rumbo ahora obligado por la ley estatal.

Ante este nuevo escenario, el pequeño comercio dice no estar dispuesto a dar un paso en falso. Coercán (Federación del Comercio de Cantabria) dijo que está pendiente de sentar el próximo lunes a la misma mesa a todas las voces que representan al pequeño comercio para consensuar una postura que luego pondrán sobre la mesa del alcalde.

Sea como fuera, el Ayuntamiento tiene que tomar una decisión rápida y establecer qué zonas y en qué meses se liberalizará el horario, porque las Comunidades Autónomas deberán declarar, en ese plazo de seis meses, las áreas de su ámbito territorial .
En el Gobierno, a la espera de conocer en detalle la decisión del Consejo de Ministros, ya adelantan que cumplirán con su deber. «El Ayuntamiento de Santander hará una propuesta que se tramitará vía Gobierno regional. Se valorará y, si se cumple lo establecido, se aprobará», afirmó el consejero de Industria, Turismo y Comercio, Eduardo Arasti.


Quienes no han dudado en hacer pública su satisfacción son los representantes de las grandes empresas de distribución. Agrupados en torno a Anged, el sector valoró ayer muy positivamente la decisión del Consejo de Ministros. Esta medida, aseguran, impulsará la libertad de empresa y de horarios de apertura del comercio y, por consiguiente, permitirá aprovechar todas las oportunidades de generación de ingresos y empleo que ofrecen los 60 millones de turistas que visitan España todos los años.

En Santander, este colectivo dejó sobre la mesa del alcalde su propuesta hace ya un año. Cree que el sector comercial de la ciudad puede generar cientos de nuevos puestos de trabajo si dispone de libertad para abrir fines de semana y domingos y festivos durante los meses de verano. Anged presentó su solicitud a los responsables municipales asegurando que la liberalización de horarios podría suponer la creación de entre 500 y 700 nuevos empleos, sin contar el impulso indirecto sobre otros sectores, como la restauración, el ocio, la hostelería o los ser vicios.
Cuentas hechas a partir de la experiencia de otras ciudades, como Valladolid, y aliñadas con datos oficiales: Santander recibe un millón de visitantes al año y el 60% de ellos, según datos del Instituto de Estudios Turísticos, son viajeros de finde semana y concentran principalmente sus estancias en verano.

El texto establece la declaración de todo el municipio como zona de gran afluencia turística en caso de que no se delimiten las áreas antes de medio año. El Gobierno puso en marcha el decreto sobre las zonas de gran afluencia turística en 2012, pero su aplicación no ha sido igual en las catorce ciudades que hasta ayer tenían esa denominación. La legislación ha chocado en muchos casos con políticas comerciales o regionales, con intereses de sectores contrarios a la medida y de mucho peso en algunos municipios españoles. De hecho, en algunos la aplicación de la norma ha supuesto más de un quebradero de cabeza para sus alcaldes. En Barcelona, el Consistorio solo permite la apertura en zonas turísticas en verano y a horas concretas por la oposición de parte del comercio tradicional a la medida. También en Valencia ha habido conflictos entre municipios y distintas zonas de la ciudad, que consideran injusto el reparto de libertad horaria. Una polémica que todavía hoy sigue viva.

Autónomos con hasta 15.000 euros de renta tendrán una retención del 15%

Los autónomos que cuenten con rentas de hasta 15.000 euros anuales y que supongan más del 75% de la suma de sus rendimientos íntegros verán rebajadas las retenciones por IRPF del 21% al 15% desde mañana.

   Así lo ha indicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que ha presentado el Real Decreto Ley de medidas de liberalización, que será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) mañana.
   De esta forma, la medida que favorece a los autónomos será efectiva de forma "inmediata", en palabras de la vicepresidenta del Gobierno.

   El Gobierno eleva este margen de renta desde los 12.000 euros anuales, que anunción cuando se presentó la reforma fiscal, a los 15.000 euros anuales, con lo que más trabajadores autónomos se verán beneficiados por la medida, una de las primeras en ponerse en marcha en el marco de la reforma fiscal, que entrará en vigor al completo en enero de 2015.

   Además, el Gobierno ha decidido anticipar a mañana la entrada en vigor de la exención en el IRPF y en el impuesto de plusvalías municipales de la ganancia patrimonial que se produzca debido a la dación en pago (entrega de la casa para el pago de la deuda hipotecaria).

   Asimismo, los rendimientos de capital negativos derivados de las participaciones preferentes se podrán compensar con las ganancias patrimoniales derivadas de las acciones que fueron objeto de canje una vez entre en vigor este decreto.

Las empresas podrán utilizar el excedente de la nueva bonificación para otros empleados

El Boletín Oficial del Estado publica la nueva estrategia laboral aprobada ayer por el Consejo de Ministros para favorecer el empleo entre los jóvenes, con ayudas a las empresas de 300 euros al mes durante un máximo de medio año. En el contrato de prácticas, que actualmente cuenta con una reducción del 50% en las cotizaciones por contingencias comunes, se incorpora, para los beneficiarios de la garantía juvenil, una bonificación adicional del 50% en las cotizaciones de la empresa a la Seguridad Social por continencias comunes 

La bonificación de 300 euros en la cotización de los jóvenes que formen parte de la Garantía Juvenil aprobada ayer por el Consejo de Ministros es compatible con cualquier otro incentivo a la contratación, lo que supondrá que en algunos casos la rebaja de la cuota arroje un resultado positivo para la empresa. Este saldo favorable para la empresa no será rembolsado por la Seguridad Social, según el texto del real decreto publicado este sábado por el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque sí podrá ser utilizado para rebajar la cuota de otro trabajador.

Su principal objetivo es que los jóvenes entre 16 y 25 años (30 años para quienes tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33%) que no estén trabajando ni estudiando puedan recibir una oferta de empleo, formación o prácticas tras terminar de estudiar o porque ya se encuentran en el paro. La principal medida es la que se ha denominado como tarifa joven, una bonificación mensual de 300 euros, hasta 1.800 como máximo, en la cotización de las empresas a la Seguridad Social si contratan a jóvenes. Además, en el contrato de prácticas, que actualmente cuenta con una reducción del 50% en las cotizaciones por contingencias comunes, se incorpora, para los beneficiarios de la garantía juvenil, una bonificación adicional del 50% en las cotizaciones de la empresa a la Seguridad Social por continencias comunes.

 

La bonificación de 300 euros para la contratación de los jóvenes, que forma parte de este programa y que estará en vigor hasta el 30 de junio del año 2016, será compatible con cualquier otro beneficio recogido en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Juvenil y está condicionada a la creación de nuevos puestos de trabajo de carácter indefinido. También está abierta a empleos a tiempo parcial, aunque en este caso la cuantía de la bonificación será proporcional a la jornada de trabajo realizada (150 euros en empleo a media jornada, o 225 euros con una jornada del 75%). Esta medida se incluye dentro de la Garantía Juvenil, en la que podrán participar jóvenes entre 16 y 25 años que no hayan tenido un empleo o hayan realizado tareas de formación en los últimos 30 días, o que no hayan participado en acciones educativas en los últimos 90 días.

 

Por otro lado, el Ejecutivo aprobó otras medidas de impulso de la contratación de jóvenes, como el impulso del contrato de formación y aprendizaje. En este caso, la ayuda del 25% para la acción formativa en la empresa pasará a ser del 50%. Asimismo, a la reducción del 50% en la cotización por contingencias comunes del contrato en prácticas se sumará una bonificación también del 50%, de manera que se cubre el 100% del coste para las empresas de incorporar a jóvenes en esta modalidad. Por último, a partir del 1 de agosto de este año se incorporará una bonificación del 100% en la cotización de los jóvenes que están realizando prácticas académicas curriculares o a través de la Formación Profesional con carácter retribuido.

El Gobierno fija un límite para las comisiones de las tarjetas de crédito y débito

La vicepresidenta del Gobierno ha anunciado que el Gobierno limitará las comisiones que los bancos pueden cobrar a los comercios por las tarjetas de crédito, al 0,3%, y de débito, al 0,2%.


El Consejo de Ministros ha aprobado, dentro de la batería de medidas para reactivar la economía, la reducción de las tasas que los bancos cobran a los comercios por el uso del dinero plástico en los terminales punto de venta (TPV). Soraya Sáenz de Santamaría ha afirmado que, actualmente, estas comisiones rondan el 0,8% del importe de la compra, así que los límites fijados servirán para reducir casi a un tercio el coste que soportan comercios y autónomos.

En concreto, la vicepresidencia ha anunciado que la comisión máxima para el uso de una tarjeta de crédito será del 0,3%, mientras que para las de débito el límite se rebaja al 0,2%.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo español se adelanta a la propuesta realizada el pasado abril por el Parlamento Europeo, que pidió reducir este tipo de costes.

300 euros por contratar a jóvenes menores de 25 años

El Gobierno bonificará la contratación indefinida de estos jóvenes durante un máximo de seis meses 

 

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Real Decreto-ley por el que se regula el 'Sistema Nacional de Garantía Juvenil', cuyo objetivo es que los jóvenes mayores de 16 años y menores de 25 que no estén ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación reciban una oferta de empleo, educación, formación de aprendiz o prácticas tras acabar la educación formal o quedar en el paro. En el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, la edad se eleva hasta los 30 años.

Según ha señalado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el número potencial de beneficiarios de la garantía juvenil, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), alcanza los 840.000. Para beneficiarse de esta garantía juvenil, los jóvenes deberán darse de alta en un registro único en el que trabajarán todas las administraciones.

La ministra ha anunciado que para apoyar la contratación juvenil se establece una 'tarifa joven', consistente en una bonificación mensual en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social de 300 euros mensuales durante un máximo de seis meses (1.800 euros en total), de la que podrán beneficiarse las empresas, incluidos los autónomos y las entidades de la economía social, que contraten indefinidamente a un joven inscrito en la garantía juvenil.

Esta 'tarifa joven', en vigor hasta el 30 de junio de 2016, será compatible con el resto de incentivos, siempre que el importe mensual a cotizar por la empresa o el trabajador autónomo no sea negativo. Además, la empresa deberá mantener al joven trabajador al menos seis meses desde el inicio de la relación laboral. Si lo despide antes, deberá reintegrar la bonificación.

Asimismo, las empresas que hagan uso de esta bonificación estarán obligadas a incrementar con la nueva contratación tanto el nivel de empleo indefinido como el nivel de empleo total, y mantenerlo durante todo el periodo de disfrute de la bonificación.

En el supuesto de que la contratación sea a tiempo parcial, la jornada alcanzará como mínimo el 50% de la correspondiente a la de un trabajador a tiempo completo comparable, aplicándose una bonificación de entre 150 y 225 euros para este supuesto en función de la jornada de trabajo.
Una vez por cada contratado

La aplicación de la bonificación por parte de cada empresa sólo se producirá una única vez por cada uno de los beneficiarios del sistema nacional de garantía juvenil que sea contratado, con independencia del periodo de la bonificación disfrutado por la empresa por dicho trabajador.

La norma introduce otros incentivos para los contratos formativos que se hagan con jóvenes de la garantía juvenil. Así, en el contrato de formación y aprendizaje se prevé que, para los beneficiarios de la garantía juvenil, la cuantía máxima de las bonificaciones por la actividad formativa pueda elevarse a través de la modificación de su regulación. Igualmente, se tendrán en cuenta en el incentivo los costes inherentes de la necesidad de disponer de un tutor.

En el contrato de prácticas, que actualmente cuenta con una reducción del 50% en las cotizaciones por contingencias comunes, se incorpora, para los beneficiarios de la garantía juvenil, una bonificación adicional del 50% en las cotizaciones de la empresa a la Seguridad Social por continencias comunes. De esta forma, el incentivo será del 100% cuando las empresas contraten a los jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil.

Además, en lo que se refiere al contrato a tiempo parcial con vinculación formativa, la reducción de cotizaciones empresariales vigente actualmente para la contratación de parados menores de 30 años, se extiende a los beneficiarios de la garantía juvenil.


Registro telématico

La norma crea el fichero del 'Sistema Nacional de Garantía Juvenil', que será el sistema oficial de información de la implementación de esta medida en España, lista única de demanda y el soporte para la inscripción de las personas interesadas. El fichero tendrá naturaleza administrativa y será la herramienta de seguimiento de las acciones y programas del sistema y de la evaluación de los resultados alcanzados.

La inscripción en este registro será telemática, a través de identificación electrónica (DNI electrónico, Certificado electrónico u otros medios reconocidos) y con usuario y contraseña, si bien para los supuestos de personas en riesgo de exclusión social y/o discapacidad se podrá solicitar la inscripción de forma presencial.

Para inscribirse en el registro de garantía juvenil, así como para ser beneficiario de alguna de las medidas, será necesario tener entre 16 y 25 años (menos de 30 años con grado de discapacidad igual o superior al 33%); tener la nacionalidad española o ser ciudadano de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España; estar empadronado en cualquier localidad del territorio nacional; no haber trabajado en los últimos 30 días, ni recibido acciones educativas en los últimos 90 días ni acciones formativas en los 30 días anteriores, y adquirir un compromiso de participación activa.

También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar.
Por su parte, el Portal de Garantía Juvenil será el punto de encuentro entre los jóvenes, las administraciones, las empresas y todas las entidades que participan en la gestión del sistema. En él, los jóvenes dispondrán de toda la información relativa a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven y la propia garantía juvenil.

La ministra ha explicado que a partir de la próxima semana se habilitará un servicio de información telefónica (060) y que se está trabajando con el Injuve para dar información presencial a los jóvenes sobre el sistema de garantía juvenil a través de su red de 3.000 oficinas.
Para garantizar la integridad en su aplicación y la necesaria coordinación entre todos los agentes implicados, se dispondrá, por primera vez, de un sistema informático de información y gestión compartida que permitirá evaluar las políticas públicas de empleo. En él estarán integrados la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal, las comunidades autónomas y el Fondo Social Europeo, entre otros.

 

Los cántabros dedican más de medio año de trabajo a pagar sus impuestos

188 días. 4.512 horas. 264.960 minutos. 16.243.200 segundos. O lo que es lo mismo, más de medio año (el 51,1%) es el tiempo que, según el ‘think tank’ (grupo de expertos) Civismo, necesita un cántabro para cumplir con sus obligaciones tributarias. Durante este tiempo, los cántabros no trabajan para tener casa, alimentarse o disfrutar de su tiempo libre, sino para generar los ingresos suficientes con los que pagar impuestos.

Según esos mismos cálculos, desde el 1 de enero hasta el próximo lunes, día 7 de julio, los cántabros habrán trabajado íntegramente para el Estado. A partir del lunes, «el día de la liberación fiscal» según denominación del gabinete navarro, los cántabros empiezan a ganar dinero para sí mismos.
Cantabria y Cataluña son las dos comunidades autónomas conmayor esfuerzo fiscal, de manera que para un ciudadanomedio vivir en estos territorios «costaría nueve días más de trabajo al año y 737 euros extra en comparación con un residente del País Vasco». Y ello porque en estas dos autonomías el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) está «muy por encima» de la media. Además, «el Impuesto de Circulación, el de Venta Minorista de Hidrocarburos y el Impuesto sobre la Renta también son generalmente más elevados en estas dos comunidades», de acuerdo con el análisis realizado por Civismo, de orientación liberal.

Según los cálculos del informe, un trabajador cántabro con un sueldo medio de 24.400 euros brutos al año destinaría 103 días a pagar las cotizaciones a la Seguridad Social, 42 días a pagar el IRPF, 26 el IVA, 12 a impuestos especiales y cinco a otros impuestos. En total, dedicaría 188 días de su trabajo (15.988 euros) a pagar a la Administración, y tan solo 177 para sí mismo.

Recomendaciones a Cantabria

El informe, que incluye una serie de recomendaciones a cada comunidad autónoma, aconseja a Cantabria reducir el tipo máximo autonómico del IRPF del 24,5% al 21,5%. El presidente Ignacio Diego ya anunció en el último debate sobre el estado de la región una reducción de este impuesto. «Cantabria será la comunidad con el IRPF más bajo», dijo entonces. Además, el grupo de expertos estima que Cantabria «debería deflactar la tarifa del IRPF y aumentar los mínimos familiares para impedir que el contribuyente pague más sin haber aumentado su poder adquisitivo. «Si el IRPF no se actualiza al IPC, se produce una subida fiscal silenciosa», alerta el grupo de expertos.
En su propuesta, sugieren además derogar el céntimo sanitario, medida que Diego también anunció en el debate parlamentario, y el Impuesto sobre Patrimonio. La institución lanza una última recomendación para el Ayuntamiento de Santander, al que advierte de la conveniencia de «bajar aún más el IBI, ya que sigue teniendo una cuotamuy elevada».

Impuestos y gasto público

El estudio sitúa lamedia española en 184 días de salario anual a pagar impuestos, lo que implica que desde el 1 de enero hasta el 3 de julio de cada año los contribuyentes españoles habrán trabajado íntegramente para el Estado,mientras que el pasado año la media fue de 130 días.
El Día de la Liberación Fiscal, que Civismo calcula desde hace seis años, tiene en cuenta lo que se abona por el IRPF, las cotizaciones a la Seguridad Social, el Impuesto de Patrimonio, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el de Circulación, los impuestos especiales (alcohol, tabaco, electricidad, hidrocarburos, etc.), el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y muchos otros.

La autora del estudio, Cristina Berechet, aseguró en la presentación del informe que «no se nos engañe, estamos pagando muchos más impuestos que hace cuatro años y no van a pagar sanidad o educación, sino a engordar el gasto público». La experta semostró convencida de que es ese gasto el que debe reducirse, ya que España es uno de los países europeos con mayor presión fiscal, y con las cotizaciones más altas a la Seguridad Social.