Hacienda obliga a la banca a dar más información de sus clientes

No es la nueva Policía Fiscal que vienen reclamando desde hace años los inspectores de Hacienda, ni tampoco la autorización que desean para pagar a confidentes a cambio de información 'sensible' sobre posibles casos de fraude fiscal, aunque al menos sí es un avance. El Gobierno acaba de autorizar al fisco a reclamar a los bancos información exhaustiva sobre los titulares de sus cuentas y aquellos ya no podrán esgrimir que se lo ha de pedir un juez.

Aunque en la práctica la Agencia Tributaria ya venía contando, en general, con la colaboración de las entidades financieras, lo cierto es que la falta de un encaje legal concreto y apropiado propiciaba que, en ocasiones, los bancos buscaran resquicios jurídicos para no dar la información pedida, facilitarla de forma incompleta o simplemente tratar de extender en el tiempo su respuesta con distintas excusas.

Vista la situación, el Ministerio de Hacienda aprobó recientemente un real decreto que fue publicado este sábado por el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con él se modifica el reglamento vigente de los procedimientos de gestión e inspección tributaria, de tal modo que se "obliga" normativamente a las instituciones financieras a facilitar ese tipo de datos bancarios.

En concreto, tendrán que "suministrar información sobre cuentas financieras e identificar la residencia -o, en su caso, nacionalidad- de las personas que ostenten la titularidad o el control de las mismas conforme a las normas de diligencia debida". Es decir, no más retrasos ni dilaciones en el tiempo sin motivo.

FALTAN DETALLES

Aunque el detalle de esos datos deberá ser regulado ahora en otra orden que está preparando el departamento de Cristóbal Montoro, Hacienda ya adelanta que habrán de comprender, al menos, "la identificación completa de las cuentas, el nombre y apellidos o razón social y denominación completa de sus titulares y, en su caso, el número de identificación fiscal o análogo".

Con ello busca mejorar la lucha contra el fraude fiscal, una tarea para lo que sólo cuenta con la mitad de la plantilla -un trabajador por cada 1.958 habitantes- que la media de la UE, según las cifras que maneja el colectivo de técnicos de Hacienda (GESTHA) y denunció a mediados de mayo ante Bruselas.